Uno de los proyectos oficiales propone que el trámite de apelar resoluciones pase a ser oral, que los camaristas deliberen y resuelvan en la misma audiencia y sólo en casos complejos dispongan de cinco días, y crea una Oficina Judicial para organizar las audiencias. Orosz y Fresneda sostuvieron que los plazos perentorios “deberían ser fatales y no ordenatorios, de modo que su incumplimiento genere responsabilidad para magistrados y funcionarios”.

Otro proyecto establece que los recursos presentados por las partes “en ningún caso impidan la elevación” de causas a juicio oral. Varsky aclaró que ese agregado incorporaría a la legislación algo que ya ocurre por vía jurisprudencial. “La Cámara Federal ha dicho que no obsta a que la instrucción quede clausurada que subsista alguna vía de impugnación, pero los jueces hacen caso omiso.” Yanzón coincidió: “Si los procesos se demoran por los recursos no es por falta de normas, sino por decisión de algunos jueces que los usan como excusa. Si el código estableciera que todo recurso será resuelto al momento de dictarse sentencia quisiera ver quién los sigue presentando”. Oberlin destacó que algunos jueces “hacen lugar a planteos improcedentes, a veces de-sopilantes, que deberían rechazar in limine. Lo hacen para mostrarse cuidadosos de las garantías de un juicio justo, pero olvidan que debe ser justo para ambas partes y permiten dilaciones inaceptables. Por eso es imprescindible trabajar fuerte sobre las prácticas judiciales, que suelen ser mucho más lesivas que la legislación”.