El proyecto propone crear una Cámara Nacional de Casación de la Capital Federal, con un presidente y tres salas de tres jueces que el Consejo de la Magistratura debería seleccionar. Apunta a reducir la cantidad de expedientes que absorbe la cámara actual, que pasaría a ocuparse sólo de casos de competencia federal. Casación duplicó sus causas a partir del fallo Casal (20/9/05), en el cual la Corte estableció su deber de controlar cuestiones de derecho, además de hechos y pruebas. Las causas por delitos de lesa humanidad seguirán en el tribunal original.

Para Yanzón, “el desdoblamiento propiciará cámaras que realmente reexaminen las cuestiones debatidas en los juicios orales”. Bregman cuestionó que se presente como “política antiembudo” un sistema que funciona en las provincias y ejemplificó con Buenos Aires, en donde “la creación de una cámara similar lejos estuvo de garantizar derechos humanos: las cárceles son desastrosas, con presos sin condena, técnicamente inocentes, en condiciones inhumanas. Tememos que lo que se acelere sea la criminalización de la pobreza y la protesta”. La abogada lamentó que “las causas contra genocidas seguirán en la Cámara actual” y concluyó que “una elemental medida democrática sería la exoneración de todos los funcionarios judiciales que provienen de la dictadura, su investigación y castigo”. También Yanzón enfatizó las “tareas pendientes del Consejo de la Magistratura: acusar, juzgar y remover a los jueces que obstruyen, demoran y benefician indebidamente a los imputados”, entre otras.