El procurador general de la Nación, Esteban Ri-ghi, recomendó a la Justicia Federal y en particular a los fiscales que aceleren los procesos por delitos de lesa humanidad. Aunque tardía, la indicación es más que necesaria. Los responsables están muriendo cómodamente en sus hogares mientras que algunas víctimas fallecen sin llegar a ver cumplido su reclamo de justicia.

Un caso peculiar son los crímenes contra militantes tercermundistas de La Rioja. Desde el 24 de marzo de 1976 la persecución contra monseñor Enrique Angelelli y sus seguidores se encarneció. Fueron acusados de comunistas y de promover la disolución social por defender a los pobres “con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo”, de acuerdo con los preceptos impulsados por el Concilio Vaticano II. Los ataques provinieron desde ámbitos como el diario El Sol, dirigido por Tomás Alvarez Saavedra –sindicado como agente de la SIDE– hasta el clero autóctono, que apoyó a los autodenominados “Cruzados de la Fe”. Esta agrupación confeccionaba listas negras para la represión, como fue publicado en un reportaje del diario El Independiente, cuyo director Alipio Paoletti debió exiliarse para salvar su vida.

Monseñor Angelelli fue asesinado el 4 de agosto de 1976. En fechas cercanas también lo fueron el conscripto Roberto Villafañe, por parte de personal del regimiento 141 a cargo del teniente coronel Osvaldo Pérez Bataglia, ya fallecido; Rogelio Gabriel Longueville, párroco de la ciudad de El Chamical y su vicario Carlos de Dios Murias, y el catequista Wenceslao Pedernera.

Pese a que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, las causas siguen en estado de inercia. La fiscalía optó por solicitar instrucción a los militares de alta graduación muertos, mientras obvia líneas de investigación ya señaladas por la Corte en 1986. Un ejemplo es el sector de la Triple A liderado por Aníbal Gordon, a quien aludió el mismo Angelelli en la misa de cuerpo presente de sus sacerdotes. Tampoco investiga a los Cruzados de la Fe. En el proceso por el asesinato de Wenceslao Pedernera, el pedido de instrucción de los fiscales abarca sólo la conexión local de los asesinos, desligando a los principales responsables.

El juez Aldo Morales dictaminó la existencia del homicidio de Angelelli, pero la sentencia fue revocada. El magistrado duda en dar participación como querellantes a la familia de Murias, olvidando que lo había hecho en 2007 y que la resolución estaba firme. Actualmente la familia se constituyó como querellante en la causa que en Francia se siguió en ausencia por los familiares de Longueville, quienes no tenían la traba de las leyes del perdón. A su vez el juez hace lugar a las chicanas de los imputados de menor rango, mientras omite las resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que inducen a la Justicia riojana a no hacer lugar a nulidades ociosas.

Por su parte, la Iglesia no se constituyó como parte querellante. Como en el resto de las causas sobre religiosos torturados, desaparecidos y asesinados la jerarquía eclesiástica mira para otro lado, cuando no las obstaculiza.

La Justicia no puede hacer oídos sordos al clamor de los organismos de derechos humanos y a las recomendaciones del procurador general de la Nación. A 32 años, todavía muchos esperan justicia.

* Hermana del asesinado sacerdote Carlos de Dios Murias.