El represor Ricardo Miguel Cavallo recibió su primer procesamiento desde que llegó extraditado de España, el 31 de marzo. El juez federal Sergio Torres lo acusó de haber integrado una asociación ilícita que operaba desde la ESMA para la apropiación de bienes de los desaparecidos y le trabó un embargo de 900 mil pesos. La banda la integraban también Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Radice, Jorge Perren, Pablo García Velazco, Alberto Eduardo González, Eduardo Enrique Massera (hijo del almirante), Juan Carlos Rolón y José Pazo. La resolución del magistrado alude a los hechos por los cuales Cavallo fue interrogado –aunque no quiso contestar preguntas– apenas llegó al país: el desapoderamiento de un inmueble de Mario Villani y de muebles de Susana Ramus, que ella guardaba en un depósito. “Una vez que los legítimos titulares de los inmuebles fueron privados de su libertad fueron sometidos a tormento con el fin de que procedan a suscribir la documentación que resultaba necesaria para transferir sus dominios”, explica el fallo. En otros escritos, el juez rechaza todos los reclamos de excarcelación que le planteó el marino. Anteayer fue interrogado por otros casos similares y por el asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh. La semana próxima le tocará una lista de 500 desapariciones vinculadas con el centro clandestino de detención de la Armada, entre ellas las de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, además de un grupo de Madres de Plaza de Mayo que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz cuando buscaban a sus hijos secuestrados por la dictadura. A medida que transcurran las citas con el juez, se le irán agregando procesamientos y quedará encaminado hacia un juicio oral.