El nuevo Indice de Precios al Consumidor se estrenó ayer con protestas y abrazos incluidos. La CTA y su gremio referente en el Estado, ATE, se manifestaron, horas antes de difundirse oficialmente el dato, contra la manipulación de las cifras mediante un abrazo simbólico al edificio del Indec. Pidieron además por la destitución de la titular del organismo, Ana María Edwin, una recomposición salarial de 35 por ciento para los empleados públicos y el pase a planta permanente de todos los contratados. En Mendoza, en tanto, el Senado provincial aprobó un “proyecto de declaración” en desacuerdo con la elaboración del índice, para el cual fue exceptuado el cómputo de las provincias.

En la intersección de Diagonal Sur y Perú, donde se encuentra emplazado el edificio del Indec, se reunieron trabajadores del instituto que, junto con un grupo de la Corriente Clasista y Combativa, se manifestaron contra la nueva metodología para calcular la inflación. Esos empleados del Indec calificaron de “vieja mentira” a la nueva forma de medición del IPC.

“De nada sirven nuevas metodologías si la intención política es seguir mintiendo a la sociedad”, resaltaron los trabajadores. El flamante índice recogió, incluso días previos a su difusión, críticas de distintos sectores. Todas apuntan a la falta de transparencia a la hora de elaborar la metodología y la escasa información al respecto. “En realidad, lo que se va a conocer hoy (por ayer) no es, ni más ni menos, que el modo de blanquear la manipulación que se viene desarrollando sobre el índice de precios desde enero de 2007”, dijo el diputado Claudio Lozano.

Esos trabajadores del organismo consideran que los cambios introducidos “son pasibles de discusión” y advierten que si la decisión sigue siendo intervenir sobre procesos técnicos “nada hace suponer que el cambio vaya a restaurar la calidad de los datos brindados a la población”. El pronunciamiento, como desde que comenzó este conflicto, fue “en favor de las estadísticas públicas” y “contra el desmantelamiento del Indec”.

Reclamaron además la renuncia de Edwin al frente del Indec, el retiro de toda la intervención y la “reubicación” del personal incorporado recientemente en “áreas donde sean necesarios”. Demandaron un aumento salarial de 35 por ciento para todos los empleados del sector público y el pase a planta permanente de los contratados.

Por su parte, el Senado de la provincia de Mendoza aprobó ayer por la tarde un “proyecto de declaración” donde se manifiesta el rechazo a los datos suministrados por el organismo. La iniciativa provino del senador Ernesto Corvalán y manifiesta “el desacuerdo con lo dispuesto por el gobierno nacional en lo referido a la medida adoptada por el Indec de suspender la computarización, elaboración y difusión del costo de vida en las provincias”. “Es una nueva maniobra destinada a ocultar la verdadera marcha de la inflación”, dijo el legislador por el Partido Demócrata. Corvalán consideró además que “la actitud termina siendo funcional a la nueva metodología adoptada para medir la inflación, que al parecer se basa en tomar un pequeño grupo de artículos y sólo en supermercados”.