El conflicto entre el Gobierno y el campo ya ha superado los cien días y no cede en intensidad. Con su presencia activa cortando las principales rutas del país, las bases de los movimientos rurales han hecho saltar por el aire los tímidos y frágiles acuerdos que parecían un hecho consumado hace pocos días. Es cierto que la dificultad de cumplimiento de los acuerdos remite a graves deficiencias por ambas partes. Por el lado del Gobierno, la falta de capacidad operativa del Estado para implementar políticas diferenciadas según la diferencial capacidad contributiva fiscal de los productores. Por el lado del campo, debido a la enorme cantidad de producción en negro, ni registrada, ni existente a los fines fiscales. Pero sin detenerse, el conflicto ha entrado en estos días en una fase cualitativamente diversa, que nos coloca, según sea el resultado, al borde de la catástrofe o del acuerdo definitivo. Producto de una enorme movilización nacional de apoyo al campo, el Gobierno ha terminado aceptando uno de los mayores reclamos de la oposición: que el tema de las retenciones sea tratado por el Congreso nacional. El Gobierno, a su vez, convocó a una contramovilización en apoyo de su política y se apresta a dar el debate en el Parlamento. Sin embargo, a esta altura del conflicto ya nadie cree que lo aquí se está dirimiendo sean algunos (significativos) puntos porcentuales de las retenciones, sino lisa y llanamente un proyecto diverso de redistribución del ingreso, en otras palabras, un proyecto de poder.

Junto al campo y a un número significativo de partidos de la oposición, se alinean como factor central y decisivo de esta disputa los más importantes medios de comunicación. Muchos de ellos hasta ayer socios, hoy enconados rivales.

Un latiguillo, destinado por otra parte a condicionar brutalmente el debate parlamentario, parece unir a buena parte de los medios de comunicación con los grupos opositores: “El Congreso nacional ha sido hasta ahora un elemento meramente decorativo que no ha hecho otra cosa que refrendar sistemáticamente los proyectos del Gobierno”. Una enorme falacia se esconde tras esta acusación. El apoyo que los parlamentarios oficialistas brindan al Gobierno, exactamente igual a lo que sucede en cualquier país del mundo, no constituye otra cosa que el resultado de un humor social que, surgido de las crisis que se sucedieron a partir del 2001, decidió restaurar la autoridad presidencial dotando al Gobierno de una abrumadora mayoría. Los mismos medios de comunicación que ensalzaron dicho proceso insinúan ahora que un verdadero debate solo se dará si su resultado fuera favorable al campo. En un exabrupto dicho para comunicar la noticia y al mismo tiempo retractarse por su despropósito, uno de los máximos dirigentes ruralistas declaró que si el Congreso sostenía las retenciones no quedaba otro camino que su disolución. Así de compleja y peligrosa está la situación actual. Por su parte, el Gobierno en poco o nada ha ayudado a descomprimir la situación. Por el contrario, más de un gesto perfectamente evitable ha exacerbado ulteriormente el conflicto.

El punto central del debate radica hoy en el carácter cerrado del proyecto de ley que el Gobierno ha enviado al Congreso para que apruebe o rechace su política de retenciones. No es claro que la otrora holgada mayoría del Gobierno sea suficiente en esta oportunidad. Los diputados oficialistas de las provincias rurales se debaten entre la lealtad al Gobierno y la furia de los productores agropecuarios. Dos cuchillos de enormes y simétricas dimensiones amenazan sus pechos y sus espaldas. Cualquier intención de voto podrá activar uno de ambos cuchillos. Abstenerse activará con seguridad a ambos simultáneamente.

Pero los fríos números de una eventual mayoría no le serán suficientes al Gobierno, si aspira a algo más que a una victoria pírrica, y si no se aviene a matizar el proyecto refrendatario. Hay veces en que los votos se parecen a las bayonetas, tampoco sirven para sentarse encima de ellos.

* Diputado nacional por Solidaridad e Igualdad (SI).