La jueza Claudia Vidal ordenó ayer la suspensión de las audiencias previstas para discutir ajustes en el precio de los servicios públicos, considerándolas como “una mera formalidad” que no permitiría a los usuarios “una verdadera defensa de sus derechos”. El dictamen bloquea la posibilidad inmediata de aplicar los aumentos de emergencia que tenía previsto Economía y, al mismo tiempo, engruesa el dramático legado al próximo gobierno. Quien suceda a Eduardo Duhalde deberá resolver, de urgencia, varios problemas medulares respecto de las privatizadas: un aumento tarifario casi inevitable, el previsible deterioro en la calidad del servicio y, eventualmente, los juicios contra el Estado que algunas empresas ya están preparando.
El dictamen de Vidal dio cabida al reclamo formulado por la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, quien presentó un recurso sumarísimo exigiendo la no realización de las audiencias públicas. El argumento esgrimido fue que esa serie de encuentros, que hoy debía iniciarse con el debate sobre la tarifa eléctrica, sólo serviría para que el Gobierno disponga por decreto un ajuste que ya resolvió y no para desmenuzar con ojo crítico el negocio de cada privatizada, en el marco de una renegociación integral de sus contratos.
Es cierto que las audiencias públicas fueron convocadas sólo para legitimar un incremento tarifario que, según el propio Gobierno, se dispondrá “a cuenta” de otros futuros que surgirán de una revisión contractual in extenso. Pero ésta es una tarea asignada a quien triunfe en los próximos comicios, ya que ni el Gobierno ni las empresas están dispuestas a sellar ahora ningún acuerdo definitivo. Las privatizadas no quieren renegociar con una administración saliente, incapaz de garantizar los compromisos que asuma. El duhaldismo, en tanto, sólo aspira a neutralizar contrincantes para tener una transición lo más tranquila posible.
Junto a la pesificación, el Gobierno dispuso el congelamiento tarifario. Al mismo tiempo, creó una comisión renegociadora de contratos cuya tarea, sin embargo, no sería firmar nuevos acuerdos sino básicamente juzgar el impacto que la devaluación tuvo en los números de cada empresa y, en base a ello, calcular el aumento necesario para compensar ese desfasaje.
Desde entonces, la estrategia duhaldista se basó en la dilación, con un doble propósito. Uno: eludir el desgaste político de disponer un aumento tarifario socialmente irritativo. Dos: conseguir que los accionistas de los grupos adjudicatarios –en su mayoría empresas de origen europeo– presionen al Fondo Monetario Internacional para que auxilie financieramente a la Argentina con la expectativa de que en un ámbito de mayor orden sería más fácil autorizar un incremento.
Este intento fue confesado por el propio Roberto Lavagna a los legisladores oficialistas, muchos de los cuales, a semejanza del propio ministro de Economía, no creen que haya ninguna urgencia para subir las tarifas, ya que con los ingresos actuales las prestadoras tendrían sus costos operativos cubiertos. Lo que no prevén es cómo se costearán las inversiones necesarias para sostener la calidad del servicio. “Somos el único sector inhibido de ajustar precios, lo que impide hacer inversiones y cumplir nuestros compromisos financieros”, advirtió ayer Edenor.
Electricité de France, accionista de esta distribuidora eléctrica, ya advirtió que no desembolsará ni un centavo adicional, al tiempo que formuló una presentación ante un tribunal de jurisdicción foránea denunciando al Estado argentino por violar el contrato: como otras tantas, éstas estaban ligadas al dólar. Si en seis meses no hubiera un acuerdo, el tema sería resuelto mediante un arbitraje.
Todos los contratos de las empresas privatizadas están de hecho caídos a partir de la pesificación compulsiva y por esta razón, la renegociación contractual es un hecho ineludible. La cuestión es quién la encara en nombre del Estado y sobre qué bases. Mientras esto no esté resuelto, las empresas continuarán su política de invertir sólo lo imprescindible, y aún menos, siempre y cuando consideren más lucrativo esperar mejores tiempos que demandar judicialmente al Estado por muchos millones de dólares.
En esta situación de pseudoanarquía legal, ningún funcionario puede reclamarle a una privatizada que invierta o que ofrezca cierta calidad en la prestación.
La realización de audiencias públicas para definir nuevos cuadros tarifarios o cualquier otra modificación parcial o integral de los contratos son una imposición de los marcos regulatorios de las concesiones de luz y gas. Pero aún en las privatizaciones que no las prevén expresamente, las asociaciones de usuarios pueden exigir su participación, en virtud del artículo 42 de la Constitución Nacional, que obliga a integrarlos en esos procesos de decisión.
Eludir las audiencias para disponer un aumento de inmediato hubiera sido un camino estéril, ya que habrían proliferado exitosas presentaciones judiciales reclamándolas. Duhalde optó por convocarlas para cumplir con este requisito formal, en un fallido intento por reeditar lo que hizo tiempo atrás el gobierno de Carlos Menem: durante la gestión del ex Presidente, se realizaron varios acalorados debates públicos que sirvieron de catarsis a quienes se oponían a aumentos y cambios contractuales que, luego, el Poder Ejecutivo dispuso cómodamente por decreto.
Pero también aquí el actual Presidente eligió un atajo equivocado.