Las maniobras que en estos días se ventilan, a partir del planteo de un debate nacional en torno de las retenciones a la soja, podrían desatar no puntualmente un escándalo, sino una cadena de escándalos. Tanto por las operaciones que se hicieron eludiendo las obligaciones como por las maniobras que posteriormente se perpetraron para encubrirlas. Hay quienes habiendo sido protagonistas del conflicto, todavía se sorprenden ante hechos fundamentales que escapaban a su conocimiento. Y hay quienes, detrás de bambalinas, avivaban el conflicto para que otros defendieran sus intereses, y hoy podrían encontrarse con que el búmeran los golpea en la nuca.

Roberto Urquía, senador justicialista de la provincia de Santa Fe, políticamente cercano a Carlos Reutemann y empresarialmente integrante del oligopolio exportador de aceite vegetal, renunció en la última semana a su cargo de titular de una comisión en el Senado, por la que debía pasar el proyecto oficial de ratificación a las retenciones móviles. Dio un paso al costado, pero no salió del escenario. Retuvo su banca.

Urquía pareció asumir una actitud prescindente durante el conflicto, evitando hacer pública su posición. Pero antes del 11 de marzo, había tenido activa participación en los hechos que hoy se investigan. Y no sólo como exportador de aceite de soja, sino también como legislador.

Como lo primero: prácticamente todos los exportadores grandes del país registraron, en octubre del año pasado, operaciones cuantiosas de ventas al exterior de soja y derivados, aunque no tenían cerrada la venta y ni siquiera comprado el grano. La razón era, simplemente, que ya contaban con la información de que pocas semanas después subirían las retenciones a la exportación. Y como la reglamentación les permitía fijar precio y alícuota del gravamen al momento de registrar la operación, anticiparon dicho momento.

Como lo segundo: la Ley Martínez Raymonda buscó castigar esa “avivada” y dispuso que los derechos de exportación deberían definirse de acuerdo al momento en el que el exportador tuviera la mercadería disponible para concretar la operación. Así lo decía el proyecto que salió de Diputados. Pero, al llegar al Senado, Urquía logró introducirle una pequeña modificación: donde decía “derechos” de exportación, pasó a decir “alícuota” de exportación. Así se convirtió en ley. No era un problema semántico: entre octubre y el mes de febrero último (cuando entró en vigencia la ley), el aumento de la soja fue superior al 80 por ciento. Gracias al retoque de Urquía, la corrección de las retenciones para los exportadores que las hubieran registrado anticipadamente debía hacerse a la “nueva” alícuota (35 en vez de 27 por ciento), pero al “viejo” precio. Es decir, a 280 dólares aproximadamente en vez de 500 la tonelada. En valores, en vez de pagar un ajuste de 99,40 dólares por tonelada, el exportador sólo debía rendir 22,40 dólares por tonelada. Los 77 dólares ahorrados (770 millones, si calculamos 10 millones de toneladas declaradas en forma adelantada) se los debían agradecer al Senador aceitero.

Los exportadores que compraron soja después del aumento de las retenciones no sólo le descontaron al productor según la nueva alícuota sino también según el nuevo precio. Es decir, que la mayor parte de lo que el productor le reclamaba en las rutas al Gobierno no había ido a las arcas estatales, sino a los bolsillos exportadores.

Es sólo un capítulo. Hay más. Nunca es tarde para aprender, por complejo que sea el asunto. Y es bueno saber, para no reclamar en la ventanilla equivocada. Los costos, sobre todo los políticos, pueden ser muy altos.