Los listados de las llamadas del periodista británico que destapó el nuevo escándalo de las coimas en el Senado volvieron a manos de los espías. El juez federal Claudio Bonadío envió a la Secretaría de Inteligencia del Estado esa información para que permanezca allí “en custodia hasta que decida que no la necesita más”. Así el magistrado desoyó el pedido del fiscal Guillermo Marijuán para que esos datos sean devueltos al corresponsal del Financial Times, Thomas Catán. Y también rechazó la apelación que habían presentado sus abogados por “improcedente”. Por otra parte, le recomendaron a su cliente que pida asilo político si se concreta la amenaza de los senadores de querellarlo.
El abogado Hugo Wortman Jofré explicó a Página/12 que es absurdo plantear que el Senado ha sido calumniado, como vociferaron el miércoles los legisladores en el recinto, porque “el honor pertenece a las personas no a un cuerpo”. El letrado indicó que se mantienen en una “actitud expectante”, por si ingresa alguna denuncia en contra de Catán en la Justicia federal. “Si esto se materializa aconsejaremos al periodista que invoque el artículo 22 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y pida asilo a las autoridades de su gobierno porque ya no estaríamos ante un hecho penal sino político”, explicó Wortman Jofré a Página/12.
Bonadío había pedido a la SIDE que obtenga las llamadas de Catán porque se negó a revelar la identidad de sus fuentes cuando declaró como testigo. Ayer devolvió esos datos, que afirma no fueron tocados y permanecieron en la caja fuerte de su juzgado, para que los guarden en un sobre lacrado. E instruyó a los espías para que hagan lo mismo con los nuevos listados del periodista que reciban en el futuro. El magistrado fundamentó su decisión en que “otras líneas de investigación utilizadas luego de haber ordenado la medida hacen prever que se llegará al mismo fin sin necesidad de usar ese material”. Sin embargo, no ordenó destruirlos como pretende Catán, ni se los devolvió al corresponsal como pedía el fiscal. Bonadío no descartó totalmente la posibilidad de tener que usarlos.
Con respecto a la apelación presentada por los abogados del estudio Moreno Ocampo, que representan a Catán, el juez la rechazó porque entiende que el periodista “no es parte” en el proceso y por eso no está legitimado para apelar una medida de prueba. Pero además, envió el caso al Colegio Público de Abogados para que determine si los letrados incurrieron en una “falta ética” en su escrito de apelación por haber invocado jurisprudencia no aplicable al caso. Por su parte, Wortman Jofré y Santiago Vegezzi pidieron ayer a la Cámara Federal que se expida sobre el fondo de la cuestión y ordene la destrucción de los listados.