EL PAíS • SUBNOTA
El 16 de julio, cuando el Tribunal Oral Federal 5 absolvió al comisario Miguel Angel Timarchi, imputado por la Masacre de Fátima, sus abogados Héctor Dante Amarelle y Alejandro Martín Broitman Carbone pegaron un salto, se abrazaron y, mirando a los familiares de las víctimas, gritaron “¡vamos carajo!”. El festejo provocó la reacción de los sobrevivientes de la Superintendencia de Seguridad Federal, donde prestaba servicios Timarchi, que fueron desalojados de la sala. El tribunal lo consideró un “festejo indecoroso”, “inaceptable”, una “grave falta de respeto” a los jueces y sobre todo a las víctimas, y solicitó al Colegio Público de Abogados porteño que les aplique “el correctivo pertinente”. Nada de eso: el tribunal de disciplina, integrado por María Raquel Boggiano, Indy Failembogen y Alejandro Cayetano Molina, consideró que no existió “falta ética” ni “falta de decoro en grado sumo” dignos de sanción, se limitó a aconsejarle a los abogados que no vuelvan a apartarse “de la senda institucional-académica” y rechazó la denuncia in limine, es decir rápido y sin pedir explicaciones.
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