Con el desmoronamiento del mercado, la capacidad de fijar precios y de una manera general los niveles de la actividad económica escapa al dominio exclusivo del economista y entra en la esfera de lo político... Aferrándose a la noción de mercado concurrencial e impersonal, los economistas se aferran inconscientemente a la materia de su enseñanza. No sé, pero imagino que las brujas se aferrarían enérgicamente a la brujería.”

John Kenneth Galbraith, Introducción a la economía. Una guía para todos (o casi)

Alejandro Dolina suele explicar que todos los logros humanos son producto de la voluntad de levantarse mujeres. Así las cosas, por dar una serie de ejemplos caprichosos digitados por este cronista, la Torre Eiffel, la Venus de Milo, la teoría de la relatividad, el teorema de Tales, las obras completas de Tolstoi o Sarmiento, el descubrimiento de los antibióticos o la fisión nuclear tendrían ese origen común. Aun tomando razón de la interesante observación causal-costumbrista es del caso resaltar que esas obras humanas (también otras ruines, como la guillotina o el gel para el cabello) se independizan de la intención subjetiva primera de su creador y repercuten en la historia humana por otras variables que se prolongan en el tiempo.

El introito viene a cuento porque buena parte de la discusión política autóctona se obsesiona con las motivaciones del gobernante de turno, a costa de menospreciar o negar el valor de las medidas en debate. Para esa narrativa los gobernantes, entre ellos la actual pareja presidencial, son ávidos de poder, desean ganar elecciones (¡aj!), ansían tener muchos recursos económicos... ambiciones lógicas que se equiparan con pecados capitales. Y esos objetivos descalifican desde el vamos cualquier política pública. Tanto que ni vale la pena internarse en sus consecuencias.

Contra esa corriente de pensamiento bajo, el cronista cree que todo gobernante democrático debe procurar el poder, el consenso y la disponibilidad de dinero. Pero, además, cree que las decisiones deben ponderarse, más allá de los objetivos tácticos, por sus implicancias futuras.

Para entrar de lleno en el tema de esta columna, podemos dar por hecho que la Presidenta quiere cambiar radicalmente el sistema jubilatorio actual, amén de “comprar” iniciativa, ganar espacio político y ampliar la masa de dinero de que dispone el Estado para honrar todo tipo de deudas. Todas esas finalidades son atendibles y la primera, la política social elegida, es tendencialmente elogiable.

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El más grande: El sistema jubilatorio es el sector más vasto de la política social, incumbe a millones de personas, compromete fortunas del presupuesto nacional, incluye un sistema de pensiones y la más grande obra social de la Argentina, el PAMI.

Haber restaurado el paradigma estatal solidario es un acierto, cuya cabal dimensión se conocerá cuando se difunda y debata la letra chica del proyecto de ley. A cuenta, se trata de un paso enorme en el sentido correcto, desandando casi dos décadas de desvaríos colectivos que posibilitaron enriquecimientos bien privados.

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Un cachito de historia: El sistema de las AFJP, rememora con tino el economista Jorge Gaggero, “fue siempre ilegítimo (falto de legitimidad política) e inconsistente. Argentina y Chile fueron usados como conejitos de Indias por los bancos, con la ayuda del ‘Washington Consensus’, el BIRF y el FMI, para luego tratar de imponer el sistema en las metrópolis. Pero ellas no compraron y nos quedó el clavo”.

El engendro formó parte de la urdimbre de un modelo de país. Se desbarataron tramas de solidaridad tejidas durante décadas, se entregó sin contrapartidas el patrimonio estatal, se fragmentaron las políticas sociales transfiriendo las competencias (pero no los fondos necesarios para ejercitarlas) a las provincias. Se regaló la empresa estatal de petróleo, disparate no empardado en ningún otro país homólogo, para colmo de colmos se renunció a imponer la renta respectiva.

Hubo dosis industriales de corrupción, imprevisión y necesidad de “caja” en ese trance, pero también medió una finalidad ideológica: consagrar un ideario individualista, egoísta, despectivo del futuro, carente de responsabilidades colectivas y de solidaridad con los más pobres o con las provincias menos dotadas. Se socavaron los acuerdos intergeneracionales. Las AFJP no fueron un lirio del campo, brotado por algún azar: cuajaban a medida en ese enchastro.

Aun quienes las parieron confesaron en la sala de partos que una finalidad básica era generar un mercado de capitales, inexistente en el país. La falta absoluta de contralor estatal lubricó que esos capitales fueran preponderantemente especulativos, volátiles, golondrinas se les dice afrentando a tanto poema que enaltece a tan queribles pajaritos.

Una sociedad despectiva del porvenir, acuñada a puro presente, era armónica con la apropiación particular de los propios ahorros y con el quiebre de las alianzas de clase y de los lazos que (en países capitalistas no puramente hobbesianos) debe vincular a los laburantes activos y los pensionados.

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Los días que vuelan: La reestatización del sistema jubilatorio es un salto cualitativo en la doble gestión del kirchnerismo pero no una incongruencia. Durante el mandato de Néstor Kirchner se amplió generosamente la cobertura que roza el rango universal, sí que con mensualidades predominantemente bajas. También se reabrió (y se estimuló) el pasaje del sistema privado al público con buena respuesta de los beneficiarios. Por último, se honró el fallo de la Corte estableciendo por ley un sistema de actualización que garantice el respectivo principio constitucional, ignorado durante décadas.

La gestión Ocaña en el PAMI redujo exponencialmente los márgenes de corrupción tradicionales en el Instituto lo que, en sinergia con una etapa de crecimiento, mejoró exponencialmente las prestaciones.

Los alcances de esos pasos son objeto de polémica, la comparación con los gobiernos precedentes embellece a los dos Kirchner.

Si la Casa Rosada halló el momento adecuado para mejorar su desempeño, también se movió en un contexto internacional que alienta ese tipo de incursiones estatales. Los gobiernos de todo el planeta compiten a la hora de tomar en sus manos los recursos otrora intocables del sistema financiero y sus afluentes como las AFJP. La intervención de la presidenta Cristina es similar a las que arriesgan, en el cotidiano, sus pares de las principales potencias.

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Letra chica y gentes grandes: El acuerdo general reseñado no se adentra en la ejecutoria legal, que sólo puede ser valorada a fondo a medida que se controvierta el proyecto de ley en el Parlamento y en el ágora. El modo de ejecución puede resentir (y, en el extremo, desbaratar) las mejores iniciativas.

La restitución de un modelo jubilatorio estatal y solidario no se acomete sobre una tabula rasa. Se resuelve en un escenario dominado por el paradigma anterior en el que existen derechos adquiridos y expectativas dignos de la mayor consideración. Todas las personas incluidas en el sistema privado (los relativamente pocos beneficiarios que ya cobran, los aportantes y los empleados) son portadores de derechos implantados por el estado, plenos de legalidad y dignos de amplia tutela. Ese abanico de situaciones exige herramientas muy completas que no los desamparen. No son los responsables del desaguisado cometido ni deben ser sus víctimas.

También le cabe al Gobierno generar mecanismos que impidan que los recursos se esfumen o dilapiden. El cronista no cree que la panacea sean mecanismos de afectación específica, cuanto menos por dos razones. Porque serían insuficientes en el corto o mediano plazo y también porque es deseable que el estado tenga disponibilidad variada para aplicar los fondos públicos, lo que no equivale, para nada, a la discrecionalidad absoluta o a la falta de regulaciones.

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Coaliciones y retórica: Los diarios de negocios y de derecha se plantaron duros frente al anuncio, los partidos políticos que expresan ese tramo ideológico (PRO y Coalición Cívica) no se quedaron atrás. El SI difundió “que está conceptualmente de acuerdo” con la medida mientras el diputado Carlos Raimundi mapeaba en la vereda de enfrente a “sectores de la banca internacional herida por la crisis”. Se manifestaron motivados a ser “una oposición no obstruccionista” y exigieron precisiones y custodias a los derechos de los jubilados. La reacción, sensata y sistémica, podría preludiar un horizonte de alineamientos más claros que los que derivaron de la Resolución 125, aunque ese desemboque depende de la astucia, tolerancia y capacidad de convocatoria de un oficialismo, muy proclive al ensimismamiento.

Y ya que de eso hablamos. La oratoria de la Presidenta y la del joven decontracté titular de la Anses, Amado Boudou, no fueron, a ojos del firmante, las más atinadas en un momento histórico. Cristina Fernández y Amado Boudou le hablaron a auditorios variados y, obsesionados por resaltar el costado social de la medida, subestimaron (y hasta negaron) la decisión estatal de capturar fondos mal habidos, sacarlos del circuito privado y llevarlos al público. Como hacen todos, desde el primer ministro británico Gordon Brown para abajo. Esa omisión supuestamente embellecería la decisión en el imaginario oficial, a los ojos del cronista la priva de facetas que son válidas y que (como se dijo en el primer párrafo de esta nota) pesaron en la toma de decisiones. Ante una audiencia variopinta, en promedio recelosa del manejo de la Presidenta, hubiera sido funcional y sincero dar cuenta de la sustentabilidad económica del Estado para cubrir las deudas públicas.

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No hay una sola AFJP, pero hay pocas: En Chile el sistema de las AFJP tropieza y se estudia la reversa al sector público. No llegan a una docena otros países que insisten en el engendro, ninguno entre los más poderosos. La reputación de las aseguradoras locales es poco envidiable, se sabe que cobraron comisiones fastuosas, que curraron con afiliaciones compulsivas. Eso sí, gastan fortunas en pautas publicitarias en los medios en las que nunca buscan distinguirse por los beneficios sino por el cotillón. Pagan menos que el sistema público. Serán defendidas, como cuadra, por sus dueños y por quienes comparten su sustrato ideológico. Se trata de adversarios fuertes, dignos de respeto por su tamaño.

El Gobierno decidió enfrentarlos, en un momento tormentoso. Deberá hacerlo con destreza, sin abrir flancos técnicos ni proyectar temores a terceros. También deberá ser sagaz en plasmar coaliciones parlamentarias, mejorando mucho sus torpeza y sectarismo cuando el conflicto de las retenciones móviles. Esta historia, que será dura, recién empieza.

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