Mientras dos alateres de Alfredo De Angeli se hacían detener en la puerta del Congreso para darle algún color a su decaída convocatoria y Eduardo F. Buzzi instaba a desgastar y erosionar al gobierno de cualquier manera, el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzzo mandó al archivo por inexistencia de delito la investigación sobre el personal de la Prefectura que el 30 de mayo desalojó a ocho dirigentes de la Sociedad Rural que cortaron la ruta del Mercosur, la sembraron con rastras invertidas, destrozaron con piedras los vidrios de un camión cuya carga volcaron y amenazaron a los conductores de muchos otros, a los que les produjeron diversos daños. Según la justicia el comportamiento del personal se ajustó a la legislación nacional e internacional sobre fuerzas de seguridad y derechos humanos y no se comprobó maltrato a los dirigentes de las cámaras patronales agropecuarias. El control de manifestaciones sin armas de fuego ni represión violenta es una de las líneas de conducta que los dos gobiernos kirchneristas han mantenido desde 2003. La causa fue iniciada de oficio por el fiscal Juan Patricio Murray a raíz de declaraciones periodísticas del presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Víctores, quien dijo al diario Crítica digital que “nos dieron patadas, una paliza terrible”. En la radio Diez, Mariano Grondona dijo que Juan Carlos Kissling había sido “brutalmente agredido”. El acta del procedimiento dice que la Prefectura intervino para librar el paso cuando divisó un gran foco de incendio que afectaba la visibilidad de la circulación. Dos médicos distintos revisaron tanto a los manifestantes como a los policías que forcejearon para detenerlos. El único con lesiones constatables fue un prefecto. Cuando prestaron declaración indagatoria luego de hablar con sus respectivos defensores y ante los médicos ninguno dijo haber sido agredido o golpeado. Todos declararon que los habían tratado bien, en lo que coincidieron varios testigos oculares, que sólo vieron forcejeos, sin golpes. Tampoco las fotos aportadas por los diarios nacionales y locales, ni las declaraciones de los periodistas de diarios y radios confirmaron que hubiera habido puñetazos o golpes con los bastones. La única marca visible en un detenido era la de los anteojos en la nariz. El dictamen fiscal confirmado por el juez dice que los prefectos sólo emplearon la “fuerza física mínima e indispensable”. Estaban desarmados, no esgrimieron bastones ni utilizaron agresivos químicos, privilegiaron “la seguridad de los terceros presentes en el lugar, de las personas detenidas y del propio personal actuante”. Cumplieron con las pautas de conducta establecidas por las Naciones Unidas: “Usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. También respetaron los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego”, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención de Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana en 1990. Su punto 9 dice que “no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro”, y siempre que resulten insuficientes medidas menos extremas. Uno solo de los ocho detenidos fue esposado, porque se resistió más que los demás. Varios fueron empujados y arrojados al piso sólo para inmovilizarlos y sus incomunicaciones fueron parciales, a tal punto que ni les quitaron sus teléfonos celulares. Uno de ellos lo usó para conceder un reportaje radial cuando ya estaba detenido. Dijo que era indecente que un gobierno que “se llena la boca hablando de derechos humanos” tenga “fuerzas de seguridad para castigar al pueblo”.