La Cámara de Diputados dio media sanción ayer al proyecto que crea un Registro Nacional de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, un proyecto surgido el año pasado tras consensuar un texto único a partir de ocho iniciativas diferentes. La aprobación, que se logró en una sesión con quórum ajustado, con 120 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones (se opusieron la Coalición Cívica y el Partido Socialista), determina que en las próximas sesiones el proyecto pase a consideración del Senado, donde el año pasado fue aprobado otro texto con el mismo objetivo, que aún no ha sido tratado en Diputados.

Los votos favorables recayeron sobre un proyecto que, bajo la firma de Nora César (FpV) –presidenta de la Comisión de Legislación Penal–, unificaba las disposiciones de iniciativas de distintos autores.

La norma dispone la creación de un registro de condenados, con sentencia firme, por delitos sexuales, algo que el año pasado había generado controversias en torno de su verdadera utilidad como herramienta de prevención.

La información personal de los sentenciados debe ser actualizada en forma permanente. El registro se complementaría con una nómina de información genética correspondiente a autores de delitos que no fueron identificados, para lo cual se solicitaría al Ministerio de Justicia que informe a los servicios de salud y a las fuerzas de seguridad “sobre la importancia de conservar el registro de material genético obtenido” de víctimas de delitos contra la integridad sexual.