Una chica de 22 años permanece internada el hospital Español de Godoy Cruz, en Mendoza, con un cuadro de muerte cerebral irreversible, provocada por el estado de infección generalizada con el que ingresó a ese centro asistencial. La joven, se supo luego, se había sometido a un aborto clandestino para interrumpir un embarazo de cuatro meses. La extracción de su aparato reproductor practicada por el equipo médico de la institución no bastó para frenar el avanzado grado de infección, provocado por restos de feto y placenta que la chica aún tenía en el cuerpo. El caso se suma al de una mujer de 28 años en Reconquista, Santa Fe, que falleció el martes de un paro cardíaco provocado por un cuadro séptico con falla multiorgánica que desarrolló luego de haberse practicado un aborto ella misma. Con ella, son tres las víctimas registradas en los últimos 20 días en esa provincia que fallecieron por someterse a esta clase de prácticas sin que se tomen en cuenta las condiciones sanitarias necesarias.

Para Cristina Díaz, integrante de Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Santa Fe, las muertes por abortos clandestinos “se podrían evitar si existiera la legislación adecuada”. En su análisis, la anestesista trazó una causalidad directa entre víctimas y situación socioeconómica: “Son mujeres pobres que por no tener los recursos suficientes y, ante la de-sesperación, se ponen en manos de cualquiera que no toma ningún recaudo”. Con esa conclusión coincidió Karina Ferraris, titular del Inadi en Mendoza, al remarcar que “una chica que posee 1500 pesos para interrumpir su embarazo, a pesar de que se trate de una intervención clandestina, no sufre ninguna consecuencia física de gravedad”.

Romina llegó al Hospital Español de Mendoza el domingo a la madrugada en un estado de extrema gravedad provocado por restos de placenta que aún conservaba en su útero tras un aborto mal practicado. El viernes anterior, a la joven le habían practicado un aborto –aparentemente, en una casa del Barrio La Gloria, en Godoy Cruz– para interrumpir su embarazo, que databa de 16 semanas, procedimiento que atravesó, aparentemente, sin complicaciones. Sin embargo, la situación se transformó en horas, cuando los restos del feto y placenta que quedaron en el cuerpo de la chica le provocaron una infección intrauterina y debió ser intervenida de urgencia.

Pero la extracción de su aparato reproductor no bastó. La sepsia le produjo la muerte cerebral irreversible y su mamá, que se negó a hacer declaraciones ante la prensa, denunció el hecho ante la Justicia. El responsable de la Unidad Fiscal Nº 3 de Godoy Cruz al frente de la investigación, Horacio Cadile, confió a Página/12 que existe una mujer sospechada de haber practicado el aborto a la chica y “se está investigando si los elementos encontrados en su casa –sondas y otros objetos– fueron utilizados en el proceso”. En caso de que se pruebe su intervención, recibiría una condena de entre dos y seis años de prisión.

Algo similar sucedió con Ana, en Reconquista, Santa Fe. El martes a la tarde se acercó al hospital de esa ciudad impulsada por los fuertes dolores de vientre que experimentaba. “Entre balbuceos contó que se había practicado ella misma un aborto introduciéndose una aguja de tejer”, destacó una fuente de la institución. Tras realizarle estudios, los médicos constataron su grave estado y la operaron de inmediato, pero “sus órganos reproductores se encontraban en un grado de descomposición tal que fue imposible salvarla”, confirmó la fuente. Falleció horas más tarde, producto de un paro cardíaco.

Informe: Ailín Bullentini.