Eduardo Buzzi dice sin riesgo de repregunta que “el único violento en la Argentina es Néstor Kirchner”. Joaquín Morales Solá titula su principal columna de opinión “La política del rencor”. Hugo Biolcati sostiene que la participación a provincias y municipios de una parte de las retenciones a la soja, como se cansaron de exigir las patronales agropecuarias y los partidos opositores, es “una provocación”. Alfredo de Angeli dice que Alberto Cantero debe convocar a la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados si le preocupan sus hijos y sus nietos, salvo que prefiera emigrar. Durante un acto de la Mesa de Enlace, un movilero de TN comienza su pregunta con una afirmación:

–El 24 de marzo el campo recibió un golpe bajo de la presidente....

Cuando CFK explica el sentido de las retenciones y afirma que la clave de la inseguridad no reside tanto en la pobreza como en la desigualdad, La Nación titula en su edición electrónica “Nueva embestida de Cristina Kirchner contra el campo” y Clarín dice en la suya: “Volvió a pegarle al campo”. Luego del acto del PJ en Moreno, Clarín tituló “Dura embestida de los Kirchner contra los dirigentes del campo”. En Perfil de ayer Alfredo Leuco escribió que “los Kirchner profundizan su agresividad” y que “ciegos de ira embisten una y otra vez”. La Nación otorgó una cabeza de página a las interferencias denunciadas por el Grupo Clarín a sus medios electrónicos pero ignoró por completo la respuesta de Gabriel Mariotto. Según el interventor en el COMFER son tan inconsistentes las opiniones que vinculan las interferencias denunciadas con la iniciativa oficial de discutir una nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como las versiones que las atribuyen a la empresa para evitar esa discusión. Clarín dijo que las interferencias denunciadas se produjeron “en el contexto de una nueva ofensiva del gobierno contra los medios, y en el marco de la polémica por el proyecto de ley kirchnerista”, sólo publicó la primera hipótesis del comunicado de Mariotto y omitió la segunda, lo que la tornaba más verosímil. Mientras todos sus medios reproducían declaraciones de dirigentes de la oposición y de entidades nacionales e internacionales que en forma oblicua apuntaban al gobierno, a Clarín no se le ocurrió que debiera denunciar lo sucedido a la justicia.

Cuando lo hizo el COMFER, Clarín descalificó el trámite como “el campo insondable de los expedientes y el papeleo”. La empresa estadounidense que opera el satélite informó que la interferencia se había producido por la prueba de equipos de un operador en Centroamérica. El Grupo Clarín lo supo al mismo tiempo que el COMFER, pero en vez de hacerlo público siguió acumulando diatribas contra el gobierno. Aun ayer publicó un editorial en el que asocia las interferencias con el proyecto de ley, al que llamó “instrumento de intervención y de presión oficial sobre los medios”. Alguna vez, alguien debería estudiar la falta de límites éticos y normas deontológicas en el intento de demolición de un gobierno que incluyó en la agenda pública una mayor equidad social y que propuso democratizar la comunicación allí donde rige la condena del silencio para la palabra ajena.