El proyecto de ley de rebaja de retenciones consensuado entre la Mesa de Enlace de las Cámaras Patronales agropecuarias y todo el arco opositor, con la solitaria excepción de Solidaridad e Igualdad (SI), implicaría una transferencia de recursos hacia el agro pampeano de 4002 millones de dólares o 14.650 millones de pesos. El 78 por ciento de los beneficiarios están radicados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, es decir los distritos clave para las elecciones del 28 de junio, el eje del agropower que pretende retomar la conducción del país. Este monto equivale a lo que la Administración Nacional destina cada año a Salud, Promoción y Asistencia social más Agua Potable y Alcantarillado y supera en un 15 por ciento lo que se asigna a Educación y Cultura.

Como se detalla en el cuadro, de esos 4000 millones de dólares 1655 provendrían de la disminución de las retenciones a la soja, 1949 se originarían en la bonificación de los derechos de exportación para todos los productores en las primeras mil toneladas de soja; otros 228 millones de dólares se explicarían por la bonificación de los derechos de exportación para las primeras 2400 toneladas de maíz y trigo, 900 de girasol y 1800 de sorgo y por la eliminación de las retenciones a las ventas de carne bovina, leche y lácteos, frutas y té, yerba mate y sus subproductos. Otros 170 millones de dólares pasarían a los ansiosos bolsillos agropecuarios por el incremento de las compensaciones para el trigo, los porcinos, las aves y los terneros criados en corral, ya que la reducción de los derechos de exportación aumenta el valor de mercado (precio FAS o capacidad de pago de la industria) a partir del cual se determina la compensación. Este es un cálculo de mínima, considerando un tipo de cambio de 3,66 y sólo en la campaña 2008-2009, pero podría ser mucho mayor dados los remanentes aún no exportados de la anterior y las oscilaciones cambiarias. Un documento elaborado por el bloque de diputados del Frente para la Victoria destaca que el proyecto opositor no segmenta por tamaño y/o ubicación regional de las explotaciones, dado que tanto la reducción de alícuotas como la bonificación alcanzan a todos los productores de igual manera. En cambio es disímil la bonificación para los distintos cultivos, tanto si se considera la cantidad de hectáreas necesarias para alcanzar el tonelaje propuesto, como el monto que representan a precios FOB. La bonificación para la soja duplicaría la del sorgo y el girasol. Según el informe de los diputados oficialistas, el proyecto de la Mesa de Enlace y sus aliados políticos tampoco limita la acumulación de bonificaciones por distintos productos. Según datos de la Oncca casi 90.000 productores certificaron que producen soja, trigo, girasol y/o maíz y entre ellos, sólo 15.000 no son productores de soja. Si un productor cultivara, como mínimo, las cantidades necesarias de todos los cultivos de manera tal que toda su producción estuviera bonificada, el proyecto le otorgaría un beneficio, sólo por la bonificación (sin contemplar la reducción de retenciones), de casi 100.000 pesos mensuales. La bonificación también daría lugar a maniobras evasivas de difícil control, ya que permitiría fraccionar la venta de una cosecha proveniente de un único establecimiento agropecuario entre distintos productores, multiplicando la bonificación para un mismo volumen de producto. “Esta posibilidad estaría potenciada porque el proyecto prevé que la emisión de títulos pueda ser realizada por parte de cualquier persona física o jurídica que venda alguno de los productos beneficiados”, dice el análisis. Los autores del proyecto patronal no tomaron en cuenta el impacto en materia de precios internos. Al disminuir la alícuota del derecho de exportación se pondrían en movimiento fuerzas de mercado que ocasionarían el aumento de los precios domésticos. Esto tendría especial relevancia en el caso de la carne vacuna que se comercializa en el mercado interno. También incentivaría la sojización de la producción primaria, al elevar el margen bruto de la soja muy por encima del de los cultivos alternativos, como el maíz, e implicaría desechar el tipo de cambio efectivo diferencial que es un instrumento clave de la política económica actual, ya que reduciría los derechos de exportación para la mayoría de los productos primarios y las Manufacturas de Origen Agropecuario, sin alterar los derechos de exportación que pagan las Manufacturas de Origen Industrial. Un país con consensos y sin crispación, para pocos.