En función de la detención del concejal del ARI, Pablo Díaz, y las expresiones dirigidas a él por parte del gobernador Angel Maza y el ex secretario de Educación provincial, Miguel Angel Asís, la APDH concluyó que “se advierte en la provincia de La Rioja una grave violación a los Derechos Humanos, que en el caso tratado consiste en una suerte de persecución judicial y política hacia un legislador de la oposición, a raíz de las denuncias que él mismo viene formulando por actos que él estima constitutivos de delitos de corrupción administrativa y que involucran a las máximas autoridades provinciales, municipales, jueces y gremialistas de la provincia”. El documento comienza recordando una insólita carta documento que Asís dirigió a Díaz –porque le había adjudicado una jubilación trucha– en la que le decía: “Señor buchón, Judas de sus propios hermanos, sepa que en esta oportunidad se equivocó, porque su resentimiento no le permite ver (...), le iniciaré acciones legales y lo que resulte de ello servirá para ayudar a los que con su maldad arruinó”. El informe que firman, además de Díaz, Juan M. Ramos Padilla y Alejo Ramos Padilla, advierte que Maza y Asís, en caso de constatarse “que tenían conocimiento de irregularidades vinculadas a los beneficios jubilatorios, habrían incumplido con la obligación legal de denunciar”. Reivindican el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente y recuerdan el derecho a expresarse libremente, “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.