La ex embajadora menemista que supo definirse como “la Gostanian femenina” está en problemas judiciales. Alicia Martínez Ríos fue citada por el juez federal Norberto Oyarbide para el lunes 11 a prestar declaración como acusada del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La Justicia acreditó que fue la impulsora de un trámite por el cual la Cancillería acordó el pago de honorarios millonarios a un abogado, y en el cual fue falsificada la firma del ex ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella. El año pasado cuando Carlos Menem estuvo bajo arresto domiciliario por la venta ilegal de armas, la ex funcionaria hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar de lograr su liberación.
Pero la historia contada en el expediente que la tiene como imputada comenzó mucho antes. En 1991 cuando Celulosa Argentina pidió su propio acuerdo preventivo, el abogado de la empresa Ernesto Galante reclamó honorarios por 100 millones de dólares. Todas las instancias judiciales de la provincia de Santa Fe rechazaron la demanda del letrado, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia donde no le fue mejor. En 1996 los jueces supremos desestimaron su pedido. Galante los querelló por prevaricato pero además acudió a la CIDH.
Mientras tanto, el abogado firmó un “acuerdo de solución amistosa” con Martínez Ríos, que reconoció su derecho a cobrar honorarios a cambio de que retirara su demanda en la CIDH. Un día antes de que Menem abandonara la Presidencia circuló un decreto con la firma de Guido Di Tella que autorizaba el pago. Pero Galante tampoco tuvo suerte esa vez porque aquel 9 de diciembre de 1999 el ex presidente firmó 200 decretos y el suyo quedó afuera. Las nuevas autoridades aliancistas no sólo frenaron el trámite sino que hicieron una denuncia. Cuando Leandro Despouy pasó por la Cancillería, como responsable del área de derechos humanos, se mostró reacio al convenio.
El entonces procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, emitió un duro dictamen en contra de lo firmado por Martínez Ríos y llevó el caso a la Oficina Anticorrupción (OA), que a su vez presentó una denuncia en la Justicia federal. Marcer señaló que “ni de la ley de ministerios entonces vigente ni del decreto 393/98 surge que a la época de la firma del instrumento la funcionaria suscriptora (Martínez Ríos) contara con facultades para realizar tal cometido”. Y agregó la necesidad de “dictar una resolución por la cual revoque por nula e ilegítima la declaración de la entonces secretaria de Asuntos Consulares y Generales del mencionado ministerio”. Cancillería así lo hizo.
El fallecido canciller Di Tella fue citado por el ex juez Gabriel Cavallo, que llevaba la causa, y negó haber firmado el decreto. “No sólo no ordené en fecha tan extemporánea la elevación de esa propuesta de acuerdo con la Presidencia, sino que no lo hice nunca y jamás podría haberlo hecho ya que, cuando hacia noviembre de 1999 fui enterado de su existencia, manifesté mi abierta negativa a concretarla por considerarla absolutamente improcedente y sin fundamentos”, declaró. Y agregó que “el entonces vicecanciller Andrés Cisneros le había transmitido con suma elocuencia ese rechazo a la embajadora Martínez Ríos”. A mediados de julio de 2001, el magistrado recibió el resultado de un peritaje caligráfico que determinó que la firma estampada en el documento no correspondía con la de Di Tella.
Martínez Ríos, que en ese momento estaba acusada de tentativa de fraude, había pedido que fuera sometido a peritaje un sobre en cuyo reverso alguien escribió a mano “Alicia, seguí con eso” en tinta azul. La ex funcionaria reconoció que hizo la gestión por Galante pero quiso probar que Di Tella la apoyó y le dio instrucciones al respecto. Los peritos no pudieron determinar si ésa era la letra del ex canciller.
“En el expediente está acreditado que ella fue la impulsora de la maniobra”, aseguró a Página/12 uno de los investigadores del caso, antesde que el expediente pasara a manos del juez Oyarbide. Todo indica que este magistrado coincidió con esta evaluación de las pruebas y por eso llamó a indagatoria a Martínez Ríos. La semana pasada fue indagado el abogado Galante pero se negó a declarar.
Tras su paso por el Palacio San Martín, y como no era una funcionaria de carrera, la bautizaron “la embajadora inmobiliaria” porque gastó millones comprando residencias para las sedes argentinas. Ocupó las representaciones diplomáticas en Costa Rica, Uruguay y la OEA. Fue abogada de Carlos Menem cuando estuvo detenido en Las Lomitas durante la dictadura, y entre 1986 y 1989 integró el estudio jurídico que el ex presidente tenía en Buenos Aires.