El conflicto con el sector agropecuario, desatado en marzo de 2008 –apenas tres meses después de iniciado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner–, fue el gran condicionante de la política económica de esta etapa. La visión de la ministra de Producción, cartera bajo la cual quedó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación tras la última reestructuración del gabinete nacional.

–¿Hasta cuándo sigue tensa la relación con el sector agropecuario?

–La recuperación de los precios de la soja y la baja de los costos determina niveles de rentabilidad que resultan más que atractivos para la actual campaña de este cultivo. Además, esto se da con un tipo de cambio muy competitivo. Por otro lado, el Gobierno ha eliminado las retenciones a los lácteos; ha bajado las retenciones al trigo, al maíz y a los productos de las economías regionales. Asimismo, está vigente el sistema de compensaciones para aquel productor que tuvo que malvender su ternero por la sequía, que llega hasta 11 mil pesos por productor. En el caso de los tamberos, hay subsidios de hasta 200 pesos para que sigan criándose terneros overos de tambo. Hemos extendido las compensaciones a los productores tamberos, alcanzando actualmente al 85 por ciento de los tambos del país con un monto por tambo de 9000 pesos; hemos hecho aportes no reembolsables por 251 pesos a los productores afectados por la sequía, y hemos declarado la emergencia agropecuaria que abarca 2008 y 2009. En conclusión, tenemos una política agropecuaria nacional. Durante 2008 se registraron exportaciones record de granos, cereales, oleaginosos, subproductos, carne aviar entre otros. Al comparar estos resultados con los de 2003, encontramos que los productores han podido renovar su maquinaria; han sido testigos de la revalorización de sus tierras, cuyos valores se han multiplicado por 3 o 5 y, a la vez, alrededor de 40 mil productores han podido saldar sus deudas hipotecarias. La relación no es tensa con el hombre y con la mujer de campo, para los que seguimos trabajando. Sí lo es con aquellos que defienden intereses políticos bajo la máscara de una falsa defensa sectorial o, mejor, la defensa de los intereses de unos pocos.