La oposición señaló ayer las causas penales que pesan sobre dos de los nuevos funcionarios del gabinete. El nuevo ministro de Justicia y Seguridad, el ahora ex gerente de Aerolíneas Argentinas Julio Alak, fue acusado por haberse rehusado a reincorporar a un grupo de empleados de la aerolínea de bandera que habían sido echados mientras comandaba la empresa el grupo español Marsans, a pesar de existir un fallo de la Justicia laboral a favor de los trabajadores. La denuncia se encuentra en manos del juez Norberto Oyarbide y apunta a la figura de desobediencia civil a una orden judicial, que contempla penas que van desde quince días hasta un año de prisión. Por su parte, en el caso del nuevo secretario de Cultura, Jorge Coscia, tiene tres causas derivadas de su paso como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Dos de las denuncias investigadas por la Justicia están vinculadas con presuntas irregularidades en la administración del presupuesto del instituto y también recayeron en el juzgado de Oyarbide, que en una de ellas ya sobreseyó al cineasta aunque fue apelada la medida por la fiscalía. El otro expediente es sobre la evolución del patrimonio de Coscia hacia el final de su gestión, cuando compró dos casas y dos vehículos. El juez Claudio Bonadío investiga además si manejó de forma discrecional los créditos y subsidios del Incaa para la industria del cine.