Desde Quito

Como suele ocurrir en cada salida al exterior, más allá de los temas específicos del motivo del viaje, los funcionarios argentinos están pendientes minuto a minuto de lo que sucede en la Argentina. Uno de los temas de charlas fueron los debates que se vienen en el Congreso, y en ese sentido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner les comentó a algunos integrantes de la comitiva su fastidio por los escollos que la oposición le quiere poner a la prórroga por un año de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. “A Menem le dieron cinco años, a De la Rúa tres años, a Kirchner dos años y a mí no me quieren dar un año”, se quejó.

Sobre las facultades delegadas la Presidenta también les comentó que no son tantas, que nadie sabe bien de qué se trata, porque algunas tienen décadas. “El Ejecutivo ya pagó para que la UBA elaborara un digesto de todas estas leyes, pero el Congreso todavía no lo hizo”, sostuvo.

También el caballito de batalla de las cámaras agropecuarias y de un sector de la oposición, la baja de las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias, fue comentado. Para el Gobierno hay que atender a cada problema del campo racionalmente. La Presidenta les explicaba que el sector lechero recibió ayuda porque había bajado mucho el precio y les habían subido los insumos, lo contrario de lo que ocurre con la producción de soja, para la cual el precio internacional está subiendo y los costos, como el del glifosato, son menores.

El reciente “redescubrimiento” de que existe pobreza en la Argentina tampoco escapó a los corrillos oficiales. En la comitiva del Gobierno comentaban la noticia publicada ayer por Página/12, que revelaba que la carta del papa Benedicto XVI –agradeciendo a los que colaboraran con la colecta de Cáritas, llamando a terminar con “el escándalo de la pobreza” y dada a conocer el jueves pasado– había sido escrita el 28 de mayo. Cuando este enviado quiso saber cuál era la interpretación de la Presidenta sobre esa extraña demora, la respuesta fue: “No hacemos conjeturas, sólo nos llama la atención el hecho. Un mensaje de mayo fue divulgado aquí el día anterior a la homilía de monseñor Bergoglio en San Cayetano”.

Sin salir del tema de la pobreza, alguien comentó que Néstor Kirchner, el jueves pasado, en una reunión con intendentes en Quilmes, dijo que era del 22 por ciento, cuando para el Indec no supera el 16. La Presidenta sonrió y con mohín le contestó: “Eso es para los que dicen que Kirchner sabe todo sobre el Gobierno”.

Un tema infaltable en las charlas entre la mayoría de los argentinos es el fútbol, pero aquí se habló de la falta de fútbol por la suspensión de los campeonatos: por estar en bancarrota muchos clubes que no pueden pagar las deudas que tienen con sus futbolistas, que los inhibieron judicialmente. La salida que busca la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es que la empresa a la que le concedió el monopolio de la televisación del fútbol modifique el contrato y acceda a pagar más o rescindir el acuerdo y hacer uno nuevo con otra empresa, algo que se decidía ayer. Y en esto empieza a tallar el Gobierno porque una de las empresas podría ser el estatal Canal 7. En el entorno de la Presidenta dicen que “la situación le preocupa porque hay miles de clubes con problemas y el fútbol es algo que les importa mucho a millones de argentinos, pero ahora sólo está siguiendo atentamente el tema”.

A Cristina Kirchner le molestó, por considerarla falsa, una versión publicada que indicaba que la preocupación en el Gobierno por supuestos aumentos no autorizados en tarifas de electricidad fue motivada por una suba en una factura de un secretario privado de Cristina. Facturas en mano, la Presidenta les mostró a algunos allegados que eran de un vecino de su secretario. La última era de 2400 pesos y la anterior de 215 pesos. La Presidenta estimaba que se trató de un error en el medidor, porque el consumo era diez veces mayor al del mes anterior. “Es imposible consumir esa electricidad en un departamento de 70 metros cuadrados, parece la factura de todo un edificio”, argumentó.

El alerta del Gobierno, explicó, fue por las protestas de los usuarios. De cada uno que se quejó por el aumento del gas, que es en todo el país, hubo diez reclamos por la electricidad, con el agravante de que bajo el control del gobierno nacional están sólo las tres empresas que operan en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.