El radicalismo presentará hoy su dictamen sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual consensuado con el resto de la oposición. Aunque la pelea por la modificación de la media sanción que la Cámara baja le dio a la iniciativa del Gobierno se centrará en cinco artículos. Así lo afirmó el jefe de la UCR y senador jujeño, Gerardo Morales, que trabajó en la redacción del texto junto a sus correligionarios y varios senadores opositores.

“Hemos tratado de ordenarnos a partir del texto de Diputados. Vamos a tener cerca de cincuenta cambios, un poco más”, arrancó Morales en declaraciones radiales. Aunque el jujeño se sinceró sobre las aspiraciones opositoras: “Se van a afinar cinco o seis artículos en los que vamos a tratar de tener la misma redacción toda la oposición. Vamos a llegar con, por lo menos, cinco artículos con un texto igual”.

El trabajoso consenso que emprendió la UCR con el Interbloque Federal, que nuclea a todo el peronismo disidente y otros bloques provinciales, la Coalición Cívica y el socialismo, no arrojó el saldo que los senadores radicales esperaban: las coincidencias no superarían los cinco artículos y sobre ellos trabajarán durante el debate en particular del proyecto en la sesión de mañana. El núcleo duro opositor deposita allí todas sus expectativas de frenar la sanción de la ley y que el proyecto regrese a Diputados.

Si bien la UCR insiste en conservar el hermetismo sobre el contenido de su dictamen hasta hoy, cuando deba presentarlo, se conoce que el acuerdo se centrará en los artículos más cuestionados por empresarios de medios y legisladores opositores. Entre ellos el 14, que fija una composición de la autoridad de aplicación, que consideran una prolongación del poder político del Gobierno a pesar de la modificación que hicieron los diputados. Allí se establece que habrá dos representantes del Ejecutivo, tres del Congreso (primera, segunda y tercera minoría parlamentaria) y dos del Consejo Federal, uno de los cuales deberá ser “técnico”, seguramente de las universidades nacionales con carreras de Comunicación Social.

Los otros serán el cuestionado 161, que contiene la llamada cláusula de desinversión, que estipula el plazo de un año para que las empresas monopólicas se adecuen a las nuevas exigencias de la ley. Entre ellas, la de desprenderse de aquellos medios de comunicación que superen el número de licencias que podrán mantener según la futura normativa. También objetarán el artículo 32, que autoriza al Poder Ejecutivo a entregar licencias en ciudades de más 500 mil habitantes o con más de 50 kilómetros de alcance, a pesar de que el proyecto establece que éstas se harán a través de los mecanismos que adoptará la autoridad de aplicación.