María Silvia Solís tenía 22 años, era mamá de una nena con discapacidades motoras. Vivía en la pequeña localidad santafesina de Piamonte. El 30 de septiembre fue trasladada de urgencia a la capital provincial e internada en el Hospital Iturraspe con una fuerte infección. Murió a las pocas horas. La autopsia determinó que el cuadro se desencadenó como consecuencia de un aborto inseguro. Otra joven, María Díaz, unos días después, no llegó a recibir ni siquiera asistencia médica. Tenía 21 años, dos hijos pequeños y estaba embarazada de mellizos pero no quería seguir adelante con la gestación. La desesperación, seguramente, la llevó a viajar desde Córdoba, donde vivía, a Rosario para que una “comadrona” conocida de su madre le practicara un aborto. Hubo una sonda y otras inseguridades en el procedimiento. El cuadro también se complicó. Falleció el sábado último.

Con María Silvia Solís y María Díaz, en lo que va de 2009 fueron asesinadas por abortos inseguros al menos cinco mujeres jóvenes en la provincia de Santa Fe. Sus muertes eran evitables. Las consecuencias de los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna desde hace más de 20 años en el país.

“De la misma forma que en su momento se debatió en torno del divorcio vincular y ahora se instaló otra discusión alrededor de la despenalización de la tenencia para consumo personal de drogas, hay en la Argentina un debate pendiente alrededor de esta cifra negra de víctimas de abortos inseguros. Es un debate pendiente que el Congreso le debe a la sociedad”, planteó anoche, en diálogo con este diario, la jueza de instrucción en lo Penal de Rosario, Alejandra Rodenas, quien tomó intervención en la causa que investiga el fallecimiento de María Díaz.

Marité Yanos, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se encarga de realizar un relevamiento periodístico para buscar los casos de muertes por abortos inseguros y evitar así que sean sólo parte de una anónima estadística. Recuperar la historia de cada una de estas jóvenes, con su nombre y su apellido, es parte de su compromiso militante por un cambio en la legislación. Tiene una nómina de 15 jóvenes, cuyas vidas quedaron truncas en 2009 por abortos inseguros, de 15 a 29 años, en distintas provincias.

María Díaz viajó a Rosario la semana pasada acompañada de su pareja, desde la localidad cordobesa de La Carlota, donde vivían. En el barrio Fonavi, en el sur de la ciudad santafesina, una comadrona amiga de su madre le practicaría el aborto que necesitaba. Tras la muerte de la joven, la mujer se entregó a la comisaría 11ª.

La comadrona, de 46 años, trabajaba en un geriátrico y ponía inyecciones a los vecinos, pero no era enfermera. Según aseguró en la seccional, nunca había practicado un aborto, se ofreció a hacerlo porque era muy amiga de la madre de la chica. El aborto lo realizó el viernes en su casa de la calle Isola al 300. Apeló a métodos tan precarios como la introducción de una sonda por el cuello del útero. Después del procedimiento, María fue en moto hasta la casa de un familiar. Y volvió luego a lo de la comadrona donde estaba parando. Pero al día siguiente se desencadenó la tragedia: se sintió mal, se descompuso, le inyectaron medicamentos, y murió, al parecer producto de una feroz infección. Luego de escuchar el relato de la mujer en la comisaría, efectivos policiales fueron hasta su casa y encontraron el cuerpo sin vida de la joven en el baúl de un auto. La comadrona fue trasladada a la Alcaidía de Mujeres de Rosario. Ayer declaró ante la jueza Rodenas.

Diez días antes, otra joven, María Silvia Solís, había corrido ya la misma suerte. Era la tercera de siete hermanos. Tenía una hija con discapacidades motoras de tres años. Vivía en la localidad santafesina de Piamonte, departamento de San Martín, pero había nacido en San Luis del Palmar, Corrientes. El 30 de septiembre fue trasladada de urgencia a la ciudad de Santa Fe e internada en el Hospital Iturraspe con una fuerte infección. Murió a las pocas horas. La autopsia determinó que el cuadro se desencadenó como consecuencia de “un aborto mal realizado”. Interviene el juzgado de la ciudad de San Jorge a cargo de Eladio García.