“No recibí ni impartí órdenes que puedan considerarse lesivas a los derechos humanos”, afirmó por la mañana el general retirado Jorge Olivera Róvere, condenado por la tarde por más de un centenar de secuestros y cuatro homicidios agravados. El ex segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, dueño de vidas y muertes de la ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura, se explayó durante una hora con tono de profesor de historia sobre el proceso político previo al golpe de Estado, aunque advirtió que, “por haber sido un actor perseguido (sic), prefiero dejar de lado mi situación personal”.

Sólo dos de los cinco imputados aceptaron hacer uso de las últimas palabras previas a la sentencia. El coronel Humberto José Lobaiza agradeció a sus defensores y al tribunal, por “el respeto y el decoro” con que se los trató durante el proceso. Luego reiteró su argumento de defensa: el Regimiento de Patricios que comandaba tenía pocos efectivos, mayoría de conscriptos y “altísima exposición pública, inconveniente para las acciones encubiertas” que desarrollaban sus camaradas. Luego repudió el alegato del fiscal Félix Crous, no por los secuestros que le imputó sino por destacar que quienes “privaron a los deudos de los ritos funerarios” pertenecen a “una condición previa a la civilización”.

Olivera Róvere aseguró que la condena social que sufren las Fuerzas Armadas “es consecuencia de la acción psicológica del marxismo internacional, que mantiene plena vigencia”. Citó como ejemplo “la mendaz exageración sobre los 30 mil desaparecidos”, cuestionamiento que comparte con “un emblema de los derechos humanos”, en referencia a la ex dirigente Graciela Fernández Meijide.