Tras la guerra de las Malvinas, el general Cristino Nicolaides designó en nombre del Ejército al entonces general retirado Reynaldo Benito Antonio Bignone en el Poder Ejecutivo. Las crónicas de la época hablaban de la designación por “un solo voto”, el voto del Ejército, en una estructura en la que la Junta de Comandantes se disolvía. Bignone asumió el 1º de julio de 1982 como cuarto jefe del gobierno de la última dictadura. Tenía 54 años. A fuerza del trabajo de los organismos de derechos humanos, en el país se abría el camino de la recuperación democrática. En ese contexto, Bignone inició la negociación con los partidos políticos nucleados en la multisectorial que lideraba Raúl Alfonsín y preparaba la firma de un paquete de leyes de amnistía a los militares.

“¿Cualquier gobierno surgido de las elecciones es mejor que un gobierno militar?”, preguntó por aquellos días la revista Gente. “¡No!”, respondió el general Bignone. “El fundamento esencial del sistema democrático es que surja el mejor gobierno y entonces le digo que sí, que el mejor gobierno surgido de elecciones, es mejor que un gobierno militar.”

Los sobrevivientes de los campos clandestinos recordaron años después otras frases. “En una guerra sucia, el inocente paga por los culpables.” Y Bignone es la misma persona que años más tarde, en 2003, admitió ante una cámara oculta que los instructores franceses enseñaron a los militares argentinos el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina de personas. O que el Episcopado argentino aprobó aquella práctica. “Fue una copia”, le dijo a la periodista Marie-Monique Robin, intentando comparar la batalla de Argel con la Argentina. “Inteligencia, cuadriculación del territorio dividido en zonas. La diferencia era que Argelia era una colonia y lo nuestro fue dentro del país, era una diferencia de fondo pero no de forma en la aplicación de la doctrina.”

Bignone nació en Morón, el 21 de enero de 1928. A los 19 años entró a la Infantería de Marina del Ejército, estudió en la Escuela Superior de Guerra y en la España de Franco. En 1964 ascendió a jefe del VI Regimiento de Infantería, en 1975 a secretario del Estado Mayor del Ejército y quedó como director del Colegio Militar del Palomar. Tras participar del derrocamiento de Isabel Perón, el 28 de marzo de 1976 envió a una patota que ocupó el policlínico Posadas de Haedo, convertido en centro clandestino en un operativo que terminó con 40 secuestrados. Fue subjefe del Comando de Institutos Militares debajo de Santiago Omar Riveros. Dicen que su retiro en 1981, tras la caída de Videla y el distanciamiento con las cúpulas militares que siguieron, le dio una imagen ideal a la que apeló el Ejército para la transición.

Ante la sociedad, dijo que venía a restaurar la democracia. Pero su mandato iba a incluir una tarea clave: la negociación con las fuerzas políticas para el retiro ordenado, sin investigaciones ni sanciones de los dictadores, como recuerdan Eduardo Kimel y María del Carmen Ruiz en 20 años de historia política argentina. El 28 de abril de 1983 firmó el decreto 2726 para destruir la documentación sobre detenciones, tortura y asesinato de desaparecidos. Y dictó el documento final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo, que dictaminaba la muerte de los desaparecidos. El 23 de septiembre firmó la ley de Amnistía o Pacificación Nacional para los miembros de las FF.AA. sobre todos los actos cometidos en la guerra contra la subversión que el Congreso después anulará.

El Juicio a las Juntas de diciembre de 1985 juzgó a nueve integrantes de las tres primeras juntas. La última, presidida por Bignone, fue excluida. En 1984 quedó detenido por la desaparición de dos conscriptos, pero quedó en libertad por las leyes de la impunidad. Fue detenido nuevamente en 1999, en el marco de la investigación por el robo de bebés y el secuestro y desaparición de médicos del Hospital Posadas.