El hallazgo del automóvil y los cuatro cuerpos de la familia perdida son testimonio elocuente de la incapacidad del gobierno de Daniel Scioli y su ministro Carlos Stornelli para enfrentar el problema que ellos mismos instalan como el de mayor preocupación social: el de la seguridad. Stornelli dijo que nunca habían descartado la hipótesis del accidente, pero un repaso sucinto de las declaraciones y trascendidos oficiales durante tres largas semanas lo refutan. No es sólo cuestión de palabras. La familia desapareció hace 24 días y dijo que se dirigía hacia Pergamino. Los registros fotográficos de dos cabinas de peaje confirmaron que iban en esa dirección en los plazos previsibles para cubrir ese trayecto. La faena policial, que ni Stornelli ni Scioli conducen, consistió en arrojar sombras sobre la vida íntima de la familia, sugerir que el hombre era violento y podría haber matado a su mujer y sus hijas, insinuar que se había escondido porque no podía pagar sus deudas, y rastrillar lagunas en otros lugares de la provincia de Buenos Aires.

Después de tantos días transcurridos es difícil que la autopsia permita saber con certeza si los padres y las chicas murieron en forma instantánea o si alguno de ellos padeció una insoportable agonía, a la espera de la ayuda que no llegó. El gobernador y su ministro estaban muy ocupados diseñando una reforma inconstitucional de las leyes provinciales que le devolviera la calle y la caja a la policía y le diera más herramientas y poder de fuego, para acorralar y matar a los delincuentes, grosera incongruencia cuando la ley procesal en estudio sólo trata de las contravenciones y no de los delitos.

El ministro de Justicia, Ricardo Casal, que es tan perverso como Stornelli pero alfabeto, suprimió los artículos más groseros (como la creación de una Justicia iletrada que designaría el gobernador con acuerdo de los consejos deliberantes, para democratizar la recaudación desde la célula originaria de la república) y, pese a la ostensible toma de distancia de la Suprema Corte provincial, que en declaraciones y sentencias recientes dejó saber que esa demagogia punitiva no pasará indemne por sus estrados, insiste con que la trate la Legislatura bonaerense.

¿Qué más hay que esperar para admitir el fracaso de una gestión que desmanteló las reformas iniciadas por los ex gobernadores Eduardo Duhalde y Felipe Solá? Que Duhalde y Solá sean dos de los jefes del Frente del Rechazo no debería ser una razón para demorar el reconocimiento de esta situación sin salida. Además, los autores y ejecutores de la reforma no fueron ellos sino sus funcionarios Juan Pablo Cafiero, Marcelo Saín y Carlos Arslanian y la desmanteló Carlos Rückauf, que ahora asesora a Scioli. En vez de bravuconadas verbales como las que exuda el gobernador ante cada hecho con repercusión mediática, se necesita un trabajo serio y silencioso, que además de técnica moderna tenga las mínimas dosis del sentido común que hubieran permitido encontrar a la familia perdida buscando allí donde dijo que estaría.