Dom 20.12.2009

EL PAíS • SUBNOTA

Seguridad jurídica

› Por Horacio Verbitsky

Durante su viaje a Buenos Aires, el encargado de asuntos interamericanos del joven presidente Demócrata que vino a renovar la política estadounidense transmitió la preocupación de las empresas de su país ante la falta de seguridad jurídica atribuida a las políticas del gobierno argentino. También hizo conocer la presión del Congreso en Wa-shington para que en la Argentina se respeten las inversiones privadas. Esos capitales son imprescindibles para asegurar el desarrollo y cualquier trato indebido que reciban afectará las relaciones. El artículo que narra todo lo sucedido en la visita del funcionario fue publicado el 22 de octubre de 1963, en la apertura de la sección política de la revista Primera Plana, bajo el título “La primera semana de Arturo Illia”. Cuarenta y seis años después no ha perdido actualidad, salvo por el rol de la UCR: “Si bien no tuvo estado público, Arturo Illia mantuvo una entrevista –y sus asesores y colaboradores más de una– con un enviado especial del presidente Kennedy que vino un poco disimulado dentro de la delegación norteamericana a la transmisión del mando. Se trata de Ralph Dungan, asistente especial de la Casa Blanca para asuntos interamericanos.

”La tesis de Kennedy parece ser la siguiente: En su lucha contra el Congreso de los Estados Unidos para obtener mayores fondos de ayuda a América latina, afronta siempre un argumento sustancial: algunos países latinoamericanos, si bien solicitan ayuda para obras de transformación económica, al mismo tiempo se niegan a ofrecer condiciones adecuadas para las inversiones privadas. Sin las inversiones privadas, fuente permanente de capitales, los fondos públicos no pueden ser decisivos en el desarrollo de una economía de abundancia.

”En este sentido se expresó Ralph Dungan en su entrevista personal con Arturo Illia, expresándole que Kennedy esperaba del gobierno argentino que no tomara iniciativas que pudieran perjudicar seriamente los planes de la Alianza para el Progreso o de la política de ayuda al exterior de la Casa Blanca. Los senadores norteamericanos están presionando al Congreso para que adopte medidas drásticas en caso de que algún gobierno latinoamericano salga de la órbita de la justicia en su tratamiento a las compañías norteamericanas. Esas medidas serán, inevitablemente, la suspensión de la ayuda pública.

”En la conversación de Dungan con Illia no se hizo referencia específica a ningún caso en especial, pero en la mente de ambos se hallaba presente el problema de los contratos de YPF con las compañías petroleras. Hasta el momento, circulan innumerables versiones sobre la forma definitiva que dará el gobierno a su política petrolera. Se sabe que las compañías han solicitado que, antes de tomar una medida, se discuta el tema con ellas. [...] Al mismo tiempo, esperan que la justicia tome cartas en el asunto y se respeten las cláusulas de los contratos en caso de anulación. Por su parte, el gobierno argentino, por boca del vicepresidente Perette en la mayoría de los casos, sólo ha hecho saber que la anulación es inevitable, pero no abundó en detalles sobre el carácter de esa medida. [...] Se supo asimismo que por lo menos dos senadores norteamericanos, Hickenlooper y Fullbright se preparan para hablar en el Capitolio de Washington sobre el tema”.

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