Cuando se concibió, en 2005, el Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas Públicas y Actividades Escolares fue para que los docentes supieran qué hacer en caso de producirse accidentes en establecimientos dependientes del Ministerio de Educación. El síndrome Cromañón se hacía sentir con crudeza. Por entonces, la Defensoría del Pueblo de la ciudad daba a conocer un informe en el que se describía el estado “calamitoso” de, al menos, 37 institutos de enseñanza. En febrero de 2008, a poco de asumir la Jefatura de Gobierno, Mauricio Macri difundió un informe donde se relevaba que, sobre los 709 edificios dependientes del Ministerio de Educación, 460 tenían algún tipo de problema, desde deterioros graves de estructura a la falta de suministro de gas. Otras fallas detectadas iban desde la ausencia de matafuegos, el desprendimiento de mampostería y la falta de señalización de las salidas de emergencia, a los ascensores no habilitados y la falta de seguridad en las escaleras. El Programa que hoy depende del director general de Planeamiento y Control de Gestión, Félix Miguel Imposti, comenzó a funcionar cuando el área daba “capacitación y concientización a la comunidad educativa en la cultura de la prevención”. Esta consigna es difícil de aplicar si se toma en cuenta que perduran los problemas de infraestructura, imposibilitando en muchas ocasiones los simulacros de evacuación.