En la última semana del año pasado la intendente radical de San Antonio de Areco Estela Lennon, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, atribuyeron la envergadura y la velocidad de la inundación que anegó el casco urbano a la excavación ilegal de miles de canales en campos de la zona, que pudieron observar cuando la sobrevolaron. Esos canales desagotan los campos y conducen las aguas de lluvia hacia el río. Según los expertos esto explica que un caudal extraordinario de líquido se haya volcado en pocas horas sobre la ciudad, donde 90 hectáreas quedaron sumergidas y fue preciso evacuar a 3.000 ciudadanos. Las entidades patronales agropecuarias lo negaron y explicaron que las precipitaciones habían duplicado lo habitual. La Sociedad Rural Argentina presidida por el tambero Hugo Biolcati sostuvo que la acusación era mezquina y prejuiciosa y se originaba en el “resentimiento político”. El chinchorro de Biolcati, Eduardo Buzzi, dijo que el gobierno intentaba confundir a la opinión pública ya que el control hidráulico corresponde al Estado y no a los particulares. Es conocida la respuesta de Biolcati y Buzzi cuando el Estado se hace cargo de esas funciones. Biolcati es un experto en canalizaciones clandestinas. Una investigación de la periodista Ana Clara Pérez Cotten publicada el año pasado en el semanario Noticias reveló que tiene abiertos varios juicios por haber realizado ese tipo de obra clandestina en su tambo La Dorita, en Carlos Casares, que recibió el 16 por ciento de todos los subsidios estatales para lechería. Según Pérez Cotten el escurrimiento de las aguas se rige por la ley del sálvese quien pueda. “El más poderoso, aquel con capacidad económica para canalizar, inundaba al vecino y modificaba el curso de las aguas en contra del cauce natural. La Dorita, mediante numerosas canalizaciones, desvió aguas y amenazó a la localidad de French del partido de 9 de Julio”. Agrega que a pedido de los productores afectados el municipio de 9 de Julio recurrió al Juzgado Civil y Comercial Nº 2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, que ordenó allanar el campo de Biolcati. En el allanamiento se encontraron retroexcavadoras “en pleno proceso de canalización”. La municipalidad normalizó el curso de las aguas e intimó a Biolcati a interrumpir las obras. Biolcati replicó con una demanda contra la Provincia de Buenos Aires y los municipios de 9 de Julio y de Carlos Casares, a los que demandó una indemnización millonaria por el anegamiento de un millar de hectáreas de su propiedad, que atribuyó a negligencia oficial en el manejo de aguas pluviales. El año pasado la Corte Suprema de Justicia remitió la causa a la justicia bonaerense, donde se tramita. La industria del juicio a la provincia a raíz de las inundaciones no es un invento reciente. Con esos litigios hizo su fortuna antes de acceder a la Corte Suprema el luego destituido juez Eduardo Moliné O’Connor. En los últimos quince años, Biolcati ganó tres de esos juicios, por 130.000 dólares y 90.000 pesos. Está claro que él no tiene motivos para el resentimiento ni la mezquindad.