La decisión de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento de convertir los amparos en un juicio ordinario, con lo cual dilató los tiempos para la toma de una decisión, cosechó críticas desde todo el arco oficialista.

El diputado del Frente para la Victoria Héctor Recalde cuestionó ayer la decisión de la jueza de no expedirse sobre los recursos de apelación interpuestos por el gobierno nacional. Para el legislador oficialista, la medida adoptada busca “bicicletear” una definición en torno de la situación planteada a partir del decreto que dispuso remover a Martín Redrado del directorio del Banco Central y dijo sentir “cierta indignación” por la actitud de la magistrada.

Por su parte, el diputado nacional del Frente para la Victoria Jorge Landau sostuvo que la jueza “no es imparcial” y consideró que habría que analizar si cometió “prevaricato”. Para Landau, “se metió en un ámbito que no le correspondía” y actuó “de manera política”. Además consideró que “desechando la resolución del Poder Ejecutivo, que tiene fuerza de ley, lo que hizo fue declarar cierta inconstitucionalidad del procedimiento”. El legislador también dijo estar “muy indignado” por la actitud de la jueza y consideró que es “terrible desde el punto de vista constitucional”, ya que “pone al Estado en una suerte de indefensión y lo coloca en una maraña”.

En el mismo sentido, se expresó el presidente de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Angel Pichetto (ver aparte), quién fustigó la decisión tomada por la jueza Sarmiento, que implica resolver en un mismo fallo la medida cautelar y los planteos de fondo, relativos a la supuesta inconstitucionalidad de las decisiones tomadas por los dos decretos presidenciales.

Desde el propio ámbito judicial, el abogado Eduardo Barcesat también formuló duras críticas a la magistrada afirmando que “no fue equitativa y se sacó de encima el expediente”. El abogado consideró que la jueza Sarmiento “está buscando tiempo para que resuelva el Congreso Nacional” y cuestionó la falta de equilibrio en el tratamiento con las partes, al referirse a los demandantes y el gobierno nacional. “Sólo se entiende como un acto de poder y de discrecionalidad judicial”, agregó Barcesat, quien además señaló que “lo único que podía resolver es si la apelación en el tema de remoción de Martín Redrado es de carácter suspensivo o devolutivo. Si es suspensivo, Redrado se va a su casa hasta que la Cámara resuelva, pero si lo concede con efecto devolutivo, el presidente del Banco Central queda en su cargo hasta que la Cámara resuelva”, explicó. “Teníamos buen concepto sobre la magistrada –concluyó–, pero aquí perdió el equilibrio.”