La Cámara en lo Contencioso Administrativo estaría a partir de hoy en condiciones de resolver si mantiene, revoca o modifica las medidas cautelares que bloquearon las reservas destinadas al pago de deuda y devolvieron a Martín Redrado a la presidencia del Banco Central. Esto es así porque el nuevo juez del caso, Ernesto Marinelli, ya recibió la mayoría de las presentaciones pendientes –las contestaciones de Redrado y de diputados de la oposición a la apelación del Gobierno– y planea elevar hoy los expedientes al tribunal de alzada, que durante lo que queda de la feria estará integrado por las juezas Marta Herrera y Clara Do Pico.

Según los plazos legales, explicaron fuentes judiciales, las camaristas tendrían dos semanas para pronunciarse, pero tampoco es un término estricto. En Tribunales nadie descarta que apliquen la “cronoterapia” –diría el supremo Carlos Fayt– a la espera de que el conflicto encuentre salida política o que busquen alguna solución salomónica o intermedia. Por ejemplo, una variante que analizó el tribunal la semana pasada, con otros jueces, era apartar a Redrado hasta que se resolviera la cuestión de fondo, pero impedir que el Gobierno nombrara un reemplazante. A su vez, exhortaría al Congreso a sesionar por las reservas.

En el caso puntual de Redrado, ahora crecen las chances de que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que fue desplazado quede desactivado, ya que Cristina Kirchner anunció ayer que instruyó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, para que apure la designación de autoridades de la comisión bicameral (encabezada por Julio Cobos) que, según la Carta Orgánica del BCRA, debe dar su “consejo” previo a la remoción del titular de la entidad. Según los cálculos de la Presidenta, no haría falta que el Senado designe sus propias autoridades: con dos diputados y Cobos habría quórum. Si la comisión se pronuncia a favor o en contra del DNU, tampoco es determinante: importa que se expida, pero su opinión no es vinculante. Luego, un decreto común bastaría para destituir a Redrado.

La omisión de la comisión bicameral es uno de los argumentos centrales de los abogados de Redrado, aceptado por la jueza María José Sarmiento al concederle la medida cautelar que lo repuso en funciones. “Así se hizo con Pedro Pou”, señaló el abogado Gregorio Badeni. “Además –siguió–, Redrado nunca se opuso a liberar los fondos: era una decisión del directorio, que debía analizar los dictámenes de las comisiones del BCRA, que estaban listos el 7 de enero” (cuando Redrado fue echado).

Si la Comisión Bicameral se pronuncia en el corto plazo, la demanda del “Golden Boy” podría perder sustento. Tal vez fue con espíritu previsor que los letrados de Redrado le pidieron ayer al juez Marinelli que apure el trámite de la “acción principal”, de donde surgirá la sentencia sobre la validez de su remoción vía DNU. El magistrado iniciaría este trámite hoy mismo, con una notificación al Poder Ejecutivo, pero según allegados a la causa es improbable que se llegue a dictar un fallo antes del fin de la feria. Después, el juez será otro.

En cuanto al Fondo del Bicentenario, el oficialismo sigue en la tesitura de no convocar a sesiones extraordinarias para completar la revisión del DNU que determinó su creación, algo que ocurrirá una vez que se reanude la actividad parlamentaria. Mientras tanto, los legisladores de la oposición que iniciaron demandas presentaron ayer ante el juez Marinelli sus contestaciones a la apelación del Gobierno. Cerca del magistrado dijeron que hoy los expedientes ya serían elevados a la Cámara.

El Ejecutivo, en esencia, cuestionaba la “legitimación” de los diputados para demandar y decía, citando doctrina de la Corte, que la discusión sobre la validez del DNU en pugna es una cuestión “política no justiciable”. Los diputados de PRO y la Coalición Cívica, por un lado, y los radicales, por el otro, defendieron su legitimidad con el argumento coincidente de que se les impidió sesionar para discutir el decreto y votar. También alegaron que lo que cuestionan no es una política económica, sino la constitucionalidad de una medida. Qué harán las camaristas Herrera y Do Pico, está por verse. La primera tiene fama de conceder cautelares y la propia jueza Sarmiento citó un precedente suyo donde reconoció la legitimidad de legisladores. Cerca de la Cámara algunas voces dicen que “no hay que apurarse y mirar qué pasa en el plano político”.