La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de los jueces de la Corte Suprema, Antonio Boggiano y Carlos Fayt, en una causa en que el abogado Ernesto Galante los acusó de haberle pedido coimas para fallar a su favor. Los camaristas de la Sala II dispusieron, así, que el juez Rodolfo Canicoba Corral profundizara la investigación sobre el comportamiento de ambos ministros, al igual que el de dos conjuezas cuestionadas.
“Poco es lo que se ha avanzado en la pesquisa a los fines de esclarecer los hechos denunciados”, señalaron los camaristas Eduardo Luraschi, Horacio Cattani y Martín Irurzun. Según la denuncia de Galante con la que comenzó el expediente, Boggiano le había pedido personalmente 5 millones de dólares para firmar un voto a su favor en una causa en que reclamaba 100 millones de dólares de honorarios a Celulosa SA. Fayt, decía el letrado, también le pidió dinero a través de un emisario. A las conjuezas Hebe Corchuelo de Huberman y Mirta Tyden de Skanata les achacó prevaricato.
No es la primera vez que la Cámara se pronuncia sobre este tema: ya lo hizo en 1998, en el mismo sentido que ahora, cuando la pesquisa la conducía el ex juez Carlos Liporaci. Después la historia tuvo derivaciones. Galante protestó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los manejos que había tenido para con él la Justicia y a la vez terminó, él mismo, procesado luego de que la Oficina Anticorrupción (OA) revelara que había firmado un “acuerdo de solución amistosa” con la ex funcionaria menemista de la Cancillería, Alicia Martínez Ríos, quien aceptaba reconocerle el dinero que él reclamaba a cambio de que retirara su demanda internacional. La mujer, determinó el juez Norberto Oyarbide, no tenía facultades para tales convenios.
Según la resolución de la Cámara, firmada el martes, hay mucho por investigar, y mucha gente por declarar. Sugiere, además, que debe hacerse hincapié en “la preocupación evidenciada por uno de los magistrados investigados”, en alusión a Fayt, quien –según fuentes judiciales– había presentado un escrito ante Cancillería dando instrucciones sobre cómo contestar a la CIDH.