Las repercusiones por la orden de detención del coronel retirado Luis Alberto Sarmiento, ex ministro de Gobierno de Misiones durante la dictadura militar, continuaron ayer con un nuevo cruce entre oficialistas y opositores. La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que la orden de captura contra el represor –padre de María José Sarmiento, la jueza que falló en contra del decreto que creaba el Fondo del Bicentenario– era un episodio de “extrema gravedad institucional” y responsabilizó al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Aníbal Fernández, por su parte, explicó que la causa data de 2006 y que el militar “tiene cuarenta y dos casos puntualmente denunciados por familiares de muertos y desaparecidos”. “Nuestro objetivo es que lleguen todos los que tengan que llegar y paguen por lo que tengan que pagar, aunque sean abuelitos de 85 años y estén enfermos”, sostuvo el funcionario.

La diputada Elisa Carrió expresó que el pedido de detención contra el militar fue un “uso de la política de derechos humanos al servicio de la presión y la venganza de los jueces que son independientes”. La chaqueña –que el viernes se refirió al evento como “una venganza pedida por Néstor Kirchner”– afirmó que el episodio revistió una “extrema gravedad institucional”. “Presionar de esta manera a través de la familia, usar a una persona de 85 años y enferma de Alzheimer es terrible”, opinó Carrió, haciendo referencia a la condición sufrida por el represor. Por último, la diputada enmarcó la orden de detención con el proyecto del kirchnerista Alejandro Rossi de “investigar” a los jueces y responsabilizó por el hecho a Eduardo Luis Duhalde: “El autor de esto es el secretario de Derechos Humanos”, aseguró.

Pronto se sumaron a las críticas el ex presidente Eduardo Duhalde y el jefe de bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo. El bonaerense sostuvo que el Gobierno “está detrás” de la orden de detención del coronel retirado y calificó el hecho como una “acción coordinada para intimidar a los jueces”. En declaraciones radiales, el ex mandatario afirmó que es “obvio” que se trata de un mensaje enviado a la jueza Sarmiento y al resto de los integrantes del Poder Judicial que fallaron en el pasado contra el oficialismo. Pinedo, por su parte, aprovechó una respuesta a críticas del jefe de Gabinete para repudiar “los aprietes como el de la jueza Sarmiento y las mentiras sistematizadas de Aníbal Fernández”.

Las respuestas oficiales no tardaron en llegar. En el asado con diputados y senadores en la quinta de Olivos, Cristina Kirchner aseguró que desconocía el hecho de que el padre de la jueza Sarmiento tuviera una causa en la Justicia por delitos de lesa humanidad, lo cual a su entender demostraba “la buena fe” con la que había actuado el Gobierno (ver recuadro). Por otro lado, el diputado Héctor Recalde expresó en diálogo con Página/12 que la actuación de la jueza “es una vergüenza, porque ella ya sabía que su padre había sido querellado por la Secretaría de Derechos Humanos, por lo que debió haberse excusado”. El legislador explicó que en enero pasado la jueza dictó una medida cautelar contra el uso de reservas para el pago de la deuda, “cuando el artículo 195, párrafo tercero, del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación niega expresamente esa potestad”. “Por último –argumentó Recalde–, la jueza emitió la cautelar alegando ‘extrema urgencia’, pero si había urgencia y peligro en la demora, ¿por qué no dejó un empleado de guardia en el juzgado para recibir la apelación del Gobierno? Prácticamente dejó en indefensión al Ejecutivo”. De acuerdo con el legislador, toda esta serie de hechos “tienen una explicación y ahora que sale a la luz lo del padre queda claro. Ella tenía una animosidad contra el Gobierno”.

Por la mañana, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había defendido la actuación del Gobierno al afirmar que las acciones contra los militares represores no son actos de venganza. “Nuestro objetivo no es venganza sino justicia”, subrayó el ministro, que detalló que el fin último de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos “no es ‘dos condenas más y a olvidarse del tema’ sino que paguen todos los que tengan que pagar, aunque sean abuelitos de 85 años y estén enfermos”.

En declaraciones radiales, Fernández detalló que “la causa (del militar) tiene cuarenta y dos casos puntualmente denunciados por familiares de muertos y desaparecidos y de las propias víctimas de privación ilegítima de libertad y torturas”. Su hija, la jueza Sarmiento, había intentado vincular la orden impartida por la Justicia de Misiones con el fallo emitido contra el decreto oficial que creaba el Fondo del Bicentenario para el uso de reservas del Banco Central. Fernández respondió que esa acusación era “una mentira atroz” y negó que la orden constituya “presión” alguna para la jueza. “Sarmiento le mintió a todo el pueblo argentino diciendo que no sabía de qué se trataba cuando la causa databa de 2006”, argumentó el ministro.

La orden de arresto del coronel retirado Luis Sarmiento fue emitida este viernes por el juez Ramón Chávez, quien horas después dio marcha atrás con la medida luego de que un informe médico oficial indicara que el octogenario imputado padece un grave estado de salud. En aquel momento, María José Sarmiento aseguró que se trataba de “una presión” y que a veces sentía “miedo”.