Francisco de Narváez se apresuró a celebrar la remoción del juez federal Federico Faggionatto Márquez, por causales que nada tienen que ver con la investigación por el tráfico de efedrina en la que desde uno de sus teléfonos se produjeron varias llamadas al principal detenido en la causa, Mario Segovia. Faggionatto sobreactuó con la citación al candidato opositor en plena campaña, pero la prueba no provino del expediente que él instruía, sino de otra causa por contrabando de CDs y DVDs, iniciada en el fuero penal económico en 2006, antes que De Narváez rompiera con el kirchnerismo y de que el nombre de Segovia se asociara con la efedrina.

Es posible que Faggionatto haya buscado congraciarse con el gobierno y es obvio que la citación a De Narváez plugo al comando oficial de campaña. Pero las afirmaciones usuales sobre el control férreo que el gobierno nacional ejercería sobre el Consejo de la Magistratura no se verificaron en este caso. La remoción fue por unanimidad, incluyendo el voto de dos legisladores oficialistas. Además, Faggionatto fue designado por Fernando de la Rúa a pedido de Darío Richarte y sus secretarios provenían de ese estudio jurídico, vinculado con los infaltables trillizos Fernández, cuyo poder ha comenzado a redimensionarse desde que CFK privilegió el debate político con la magistratura sobre la operación sigilosa del toma y daca. El eufórico senador Sanz no recordó que las investigaciones contra Faggiona-tto durmieron por años en los cajones del prohombre radical Federico Storani, quien pasó de la juventud a la decrepitud (política) sin conocer la madurez. Fue la Fiscalía Especial contra el Narcotráfico Ufidro, creada por el Procurador General Esteban Righi y el entonces ministro del Interior Aníbal Fernández, la que señaló la jurisdicción de Faggionatto como sensible a la comercialización de sustancias prohibidas por las autoridades sanitarias que justificaban algo más que una auditoría. Más allá de la remoción de un juez insostenible, queda pendiente una legislación razonable sobre bienes incautados, trátese de campos como en este caso, inmuebles como en el de María Julia Alsogaray o automotores, aviones y embarcaciones como en tantas otras causas. Hasta ahora esto está regulado por un convenio elaborado por la ex mayoría automática menemista en la Corte Suprema de Justicia. No sería mal momento para que el Poder Ejecutivo firmara el proyecto de ley que para impedir maniobras turbias o discrecionales le elevó la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción.