“Agua Rica es la mina de la muerte porque matará los ríos y sabemos que sin agua no hay vida. De funcionar Agua Rica, morirá el pueblo, podrán hacer Pilciao 16 y todo lo que quieran”, explicó Graciela Chayle, de la Asamblea Vecinos por la Vida. El yacimiento se encuentra momentáneamente detenido (luego de la dura represión de febrero pasado), pero cuenta con la aprobación de la provincia. El Concejo Deliberante de Andalgalá aprobó un plebiscito vinculante para que el pueblo decida, el próximo 25 de mayo, si acepta o rechaza el emprendimiento. Los gobiernos provincial y municipal ya adelantaron su rechazo a la medida y la declararon inconstitucional. Desde Yamana Gold (a cargo de Agua Rica), coincidieron con la postura de la provincia, advirtieron que la compañía se sujetará a la ley y rechazó las acusaciones sobre el uso masivo de agua.

En diciembre pasado, los Vecinos por la Vida resolvieron cortar el camino comunero que llega hasta el lugar donde se construye Agua Rica. Allí nació la Asamblea El Algarrobo (tomaron el nombre del árbol que les daba cobijo en las noches), que fue duramente reprimida el 15 de febrero pasado por la policía provincial. Niños, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisión. El objetivo: que la maquinaria de Yamana Gold pudiera avanzar con Agua Rica.

A la represión le siguieron la movilización, el reclamo y el escrache. Al día siguiente, y motivado por “la alteración de la paz social y porque se han visto comprometida la seguridad de las personas y bienes”, el juez de Minas Guillermo Cerda suspendió la actividad de Agua Rica “hasta que esta situación se encarrile dentro de la normalidad”.

El titular de Yamana Gold, Hernán Vera, señaló a Página/12 que no puede “ni afirmar ni negar que hubo represión” y sí resaltó que “destruyeron las oficinas de la empresa, la Municipalidad y los empleados de la compañía tuvieron que huir de la ciudad con sus familias por temor a la violencia desatada”.

El 11 de marzo, el Concejo Deliberante aprobó la realización de un referéndum vinculante el 25 de mayo para que la población decida si acepta o rechaza la instalación de Agua Rica. El intendente José Perea –que rechazó hablar con este diario– debe promulgar o vetar la medida. En caso de vetarla, los concejales pueden tratarla nuevamente. “Si no hace nada, vencido los diez días, se autopromulga”, explicó el concejal Alejandro Páez.

El secretario de Minería, José Sinner, salió al cruce. Denunció que el referéndum “es ilegal” porque “el municipio no tiene competencia para poner en el debate el tema” y recordó que los recursos mineros son de la provincia. Vera consideró “inconstitucional” la medida y resaltó que Agua Rica ya fue aprobada.

Tampoco se mantuvo al margen la Secretaría de Minería de Nación. El lunes 15 de marzo fueron convocados los siete concejales por el secretario Jorge Mayoral. Tres de ellos –Alejandro Páez, Edgardo Bernal y Jorge Ramos–- propusieron concurrir con un vecino como asesor, pero se les denegó la propuesta. “Desde Nación nos advirtieron que la explotación de Agua Rica es un hecho. Nosotros creemos que el pueblo debe decidir”, explicó Páez. Este diario llamó a la Secretaría de Minería de Nación, no quisieron hablar sobre el tema pero confirmaron que cuatro concejales de Andalgalá estuvieron reunidos en esa dependencia.

La Asamblea Vecinos por la Vida no rechaza el plebiscito, pero tampoco lo considera su mejor carta. “El pueblo de Andalgalá ya votó en las movilizaciones y concentraciones en la plaza. El pueblo ya dijo no a la minería”, afirman. En el sitio de Internet de la Secretaría de Minería de Catamarca aún hoy puede leerse: “Agua Rica: La gran esperanza”.