Las corridas del final de la marcha, evaluaban en Gobierno, no alcanzaron a empañar la tranquilidad con que se desarrolló el aniversario del 20 de diciembre, una fecha que venía asociada a las peores presunciones desde que comenzaron los preparativos para la movilización en la Plaza de Mayo. El Gobierno afrontaba ayer la prueba más difícil luego del aciago 26 de junio que terminó con la muerte de dos militantes piqueteros. “Se garantizó una manifestación masiva en paz y tranquilidad”, evaluaban con satisfacción en el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Al final de la jornada los funcionarios de seguridad se declaraban agotados. Habían pasado el día supervisando que todo estuviera en orden. El secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, sobrevoló al mediodía la ciudad y el conurbano en helicóptero controlando que las movilizaciones no se encontraran con obstáculos impensados. El objetivo del operativo era garantizar mediante una fuerte presencia policial que no se produjeran desbordes. El propio presidente Eduardo Duhalde se preocupó en que se cuidara hasta el último detalle.
Unas semanas atrás, habían surgido las versiones que hablaban de movimientos de algunos punteros menemistas de la provincia que ofrecían plata para que piqueteros saquearan comercios. Incluso, hablar de un supuesto informe de inteligencia que recogía esa versión le valió el puesto al subsecretario de Seguridad, Carlos Vilas. Quedó claro que a la Rosada no le interesaba alimentar el rumor y le salió bien, porque saqueos no hubo. “Se garantizó la vida y también los bienes de las personas”, decían en la secretaría.
Otro de los logros que exhibía el Gobierno era que no había sido necesario declarar el asueto administrativo ni el bancario para garantizar la seguridad de las personas, sobre todo de las que trabajan por el microcentro. Y eso, aclaraban, que los bancos y la Bolsa de Comercio habían presionado para bajar las persianas porque imaginaban que se la iban a agarrar con ellos, pero al final no pasó nada.
El operativo de control de la Plaza de Mayo y alrededores incluía un total de cinco mil efectivos de la Policía Federal, de los cuales sólo fue necesario colocar en la calle la mitad, mientras que el resto se quedó esperando que sucediera algún incidente que los volviera necesarios. De acuerdo a la información que habían trasladado a los organismos de derechos humanos, la orden a los policías era no reprimir y tampoco reaccionar si sufrían alguna agresión. Obviamente, dado el aniversario que se conmemoraba, también fue taxativa la prohibición de utilizar vehículos sin chapa identificatoria. Los organismos estuvieron al tanto de cómo se realizaría el operativo, lo mismo que la defensoría del pueblo nacional, que conduce Eduardo Mondino, y la porteña, de Alicia Oliveira. Las defensorías tenían líneas telefónicas preparadas para el caso que se produjeran detenciones o se desatara la represión policial.
Cuando terminaba la marcha, el ministro Juan José Alvarez se trasladó hasta el Departamento de Policía para seguir los pormenores de la desconcentración a través de los monitores de los encargados del operativo. El único incidente se produjo cuando un grupo de encapuchados tiró piedras y botellas a un policía, pero fueron los propios piqueteros quienes se encargaron de calmarlos. “No nos podemos quejar: pasamos una prueba difícil y se cumplieron todos los objetivos”, evaluaban en Gobierno.