Sergio Acevedo (PJ), presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara
de Diputados: “Es una reacción de la Corte Suprema frente a la promoción del juicio político, que pretende terminar con el sistema institucional argentino y profundizar la crisis. Estábamos en vistas de la palabra del presidente de la Nación y del ministro de Economía y esta medida pretende crear un agravamiento mayor de la situación de crisis que vive la Argentina”. Acevedo subrayó que la decisión de la Corte tiene “consecuencias imprevisibles” y advirtió que para medir sus implicancias será necesario “ver qué bancos pueden responder y cuáles no”. Al ser consultado sobre la posibilidad de que el fallo judicial afecte el futuro del gobierno de Eduardo Duhalde, advirtió que ignoraba “de qué manera se va a disparar, pero creo que va a haber que buscar aquello que haga al restablecimiento de la paz y la seguridad pública”.“Espero que no haya más dolor ni más tragedia”.
Nilda Garré, (Frepaso)
vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados: “Es una extorsión a los otros poderes del estado, especialmente al Legislativo, que inició el tratamiento del juicio político a varios de sus miembros. Es una provocación al conjunto de la ciudadanía que puede verse irremediablemente perjudicada con la pérdida definitiva de sus ahorros, si se produjera la quiebra de entidades bancarias. Seguramente la famosa mayoría automática de Menem, al que recientemente dejó en libertad, corresponsable por haber convalidado el plan económico cuyas consecuencias sufrimos, está siendo nuevamente funcional a su jefe y a su proyecto de desestabilización institucional”.
Pedro Kesselman, de la Asociación de Abogados Laboralistas: “Los miembros de la Corte hacían una suerte de negociación para evitar el juicio político, y al ver que se constituyó la Comisión de Juicio Político (en Diputados), y perder el respaldo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, decidieron congraciarse con la opinión pública, buscando descomprimir la enorme presión social para que la Corte se vaya. Piensan que la gente va a ir a aplaudirlos, pero lo que desnuda este fallo es cómo se movió la Corte: cuando el poder político no los apañó, le quitaron el apoyo”.
Mario Cafiero, diputado ARI: La decisión se adoptó “bajo la presión de las cacerolas” porque establece “una protección jurídica ante la exacción” para los ahorristas y obliga al Poder Ejecutivo a “buscar todas las soluciones imprescindibles”. “Se hace indispensable una comprensión por los dos lados, ahorristas y gobierno, y apelar, con espíritu práctico, a todas las alternativas posibles, como el Fondo Fiduciario, la entrega de dinero por los bancos, la emisión de certificados como proponen algunos diputados y otras más que aparezcan, y hacerlo, además, sin perder tiempo, para salir de la parálisis y el caos”.