“Una de las estrategias más efectivas en caso de abuso sexual en general y de niñas y niños en particular es la descalificación sistemática de las víctimas en primer término, y de otros actores del entorno suyo, inmediata o simultáneamente”, advirtió el juez federal Carlos Rozanski, uno de los hombres de la Justicia en el país que más estudió y conoce la problemática del abuso sexual infantil. Para la psicóloga Pilar Vendrell, integrante de la red de Profesionales Latinoamericanos/as contra el Abuso de Poder, “pretender discutir el consentimiento o no de la joven es desviar la atención de un claro abuso sexual, culpabilizando a la víctima y desresponsabilizando a los victimarios”, señaló la especialista. Y agregó: “Aun si fuera cierto que la niña tiene conductas sociales precoces, esto sería producto de otra victimización previa, habría que ayudarla y protegerla.”

Rozanski es autor de la Ley 25.852, que modificó el Código de Procedimiento Penal de la Nación y estableció que los menores de 16 años víctimas de delitos contra la integridad sexual no pueden ser interrogados en ninguna instancia judicial y policial en forma directa y sólo deben serlo por especialistas y con Cámara Gesell. La descalificación de la víctima, precisó, ha sido así en todas las épocas y lugares. “La diferencia es que hasta hace no mucho tiempo, no hacía falta gran esfuerzo para desarticular cualquier denuncia incluso si avanzaba un poco a nivel judicial y que todo terminara impune. El avance de los últimos diez a quince años en la materia, el mayor conocimiento de las características del fenómeno, de las relaciones de poder entre victimarios y víctimas, de la paralización de la voluntad de las víctimas de abuso, de los mecanismos de defensa que les impiden actuar para detenerlos, generaron grandes reacciones en muchos casos violentas o cuanto menos muy agresivas. Obviamente quienes más fuerte reaccionan son los victimarios y a su lado todos aquellos o bien que los defienden por algún interés particular (abogados pagos) o bien por simple identificación de género”, apuntó el juez federal, integrante del Tribunal Federal Nº1 de La Plata que condenó al ex comisario Miguel Etchecolatz y al ex capellán Cristian Von Wernich por violaciones a derechos humanos durante la última dictadura militar. Rozanski no esperaba de ninguna manera que el juez que entiende en el caso lo encuadrara como corrupción de menores. Miembro fundador de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil (ASAPMI), antes de llegar al fuero federal de La Plata, Rozanski tuvo una comprometida actuación en la defensa de los derechos de los niños y niñas, particularmente de víctimas de abuso sexual infantil, en Bariloche, donde fue titular de la Cámara del Crimen.

Mientras en las calles de Villegas resuenan todavía los ecos de la movilización de hace una semana a favor de los acusados de abuso sexual de la niña de 14 años y entre quienes la promovieron hay satisfacción por la resolución judicial que se conoció ayer, especialistas en la temática de distintos ámbitos, organismos oficiales como el Consejo Nacional de las Mujeres, y entidades como Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista (PAR), ASAPMi, la Red No a la Trata y la Coalición Argentina contra la Trata y Tráfico de Personas expresaron su enérgico repudio a los hechos denunciados y a las personas que defienden a los imputados. “Ni el ‘consentimiento’ ni la ‘precocidad’ existen; se trata de una niña de 14 años con aparentes problemas psicológicos, lo que agravaría su indefensión. Lo que sí existe es un caso de presunto abuso sexual agravado por haber sido cometido por más de dos varones, y por haber configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima”, indicó PAR, una red que integran más de un centenar de periodistas.

Vendrell puso en juego otro elemento que a su criterio favorece el apoyo a los acusados y es la ausencia de sanción social hacia los abusadores sexuales con trascendencia pública. “Como no sucedió con Veira, ‘héroe nacional’ devenido escritor, como nadie inició demanda alguna contra Jorge Corsi, procesado por corrupción de menores en libertad condicional cuando dijo en una entrevista periodística que la pedofilia será legal en pocos años y reconocida como una orientación sexual más, como no sale nadie a la calle para impedir que (Julio César) Grassi siga libre entrando y saliendo de su fundación, acompañado de una persona elegida por él, ya condenado en primera instancia”, consideró Vendrell.

Para Rozanski no es sorprendente que haya también mujeres que defiendan a los imputados: “El hecho de ser mujer no evita que se identifiquen en muchos casos igualmente con los victimarios. Lo que están haciendo esas mujeres es reproducir el imaginario histórico de dominio masculino tanto en la legislación como en la aplicación de esas leyes. Es un fenómeno interesante, además de horrible, pero que demuestra que aún no pasamos del paradigma teórico de respeto por las víctimas, al concreto, práctico y de reconocerle aquí y ahora que la débil y abusada es ella y no los tres sospechosos que hoy cuentan con el apoyo de una parte de una comunidad. Entonces, la niña pasa a ser la ‘vaguita’ o ‘reventadita’, como si eso (si al solo efecto de este análisis la consideramos así por un instante) tuviera relevancia alguna. Lo que pasa es que sí la tiene para toda esa gente que se une para repudiarla a ella, a su madre. Y también va a repudiar a todo aquel que la ayude”, consideró Rozanski.

El Consejo Nacional de las Mujeres analizó el hecho, además, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos donde Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. “Se ha incurrido en violencia mediática y psicológica, en tanto los hechos a los que fue y es sometida la niña, y la exposición pública del caso que han hecho los medios de comunicación causan un daño emocional y una disminución de la autoestima que perjudica el pleno desarrollo emocional de la niña”, señaló el organismo a través de un comunicado. Por otra parte, evaluó, las marchas y manifestaciones a favor de los acusados a las que ha asistido parte del pueblo de Villegas constituyen, en términos de la Ley 26.485, “violencia simbólica para con la niña y para con las mujeres en general.”