No hay video hot o video porno. Hay una espectacularización de un abuso sexual, a la que adhirieron muchos medios impúdicamente en clave morbosa.

No hay consentimiento. Aunque la niña haya accedido supuestamente en forma voluntaria, a los 14 años no se puede consentir con absoluta libertad una relación sexual con tres adultos: a esa edad no se conoce ni se puede conocer las consecuencias y derivaciones que puede tener un encuentro de esa clase. La desigualdad de poder es evidente. Son tres contra una. Son tres mayores contra una menor de edad.

No hay marcha a favor de tres “buenos muchachos”. Hay apología de un delito grave.

General Villegas no es más que una muestra de una sociedad –que trasciende los límites de esa ciudad– donde el machismo cala hondo y perdura naturalizado en prácticas diversas, y la voz de las mujeres que denuncian delitos contra la integridad sexual está devaluada, sospechada. Una sociedad que elige exponer en las pantallas de televisión a las mujeres muy ligeras de ropa como objetos sexuales, listas para ser consumidas, en estudios convertidos en grandes cabarets. Una sociedad donde sectores conservadores –desde gobiernos provinciales hasta la jerarquía católica– pretenden obstaculizar la llegada a las aulas de la educación sexual integral, con una perspectiva de género, cuando uno de sus objetivos centrales es la prevención del abuso sexual.

Si la Justicia no actúa con firmeza y pronto, el mensaje a otras víctimas será disciplinador: no denuncien, porque si lo hacen, no les vamos a creer. Poco contribuye en este contexto que no estén en prisión personajes emblemáticos condenados por abuso sexual como el cura Julio César Grassi, y quien fuera la máxima autoridad eclesiástica de Santa Fe, el ex arzobispo Edgardo Storni, que pasa sus días en una casa de la localidad serrana de La Falda, en Córdoba, mantenida con fondos del Estado.