Enrique Martínez, ingeniero químico de formación, preside hace seis años el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo que viene monitoreando el río Uruguay desde el 11 de agosto de 2008 para analizar los efectos que podría generar la actividad de la pastera UPM-Botnia en el agua. En diálogo con Página/12 comenta los pormenores del acercamiento con el Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU) para realizar un estudio binacional sobre la cuenca del río, destaca la necesidad de un estudio al interior de la planta y la obligación de ser rigurosos en el control de los efectos en cualquier actividad humana que pueda afectar al resto de la comunidad.

–Durante su gestión, autoridades y profesionales del INTI realizaron dos comisiones a Uruguay para consensuar tareas de monitoreo junto al LATU, pero finalmente no pudieron concretar ese trabajo de espejo.

–Eso pasó porque el LATU había pedido permiso a la Cancillería uruguaya. La respuesta fue que preferían esperar el dictamen de la Corte Internacional de La Haya y, en consecuencia, no se avanzó. Después del dictamen, el LATU nos llamó con buena predisposición para reflotar el trabajo pero nosotros expresamos formalmente que era necesario contar con el permiso de Cancillería, cosa que finalmente no se produjo. Es sensato que eso no haya sucedido porque ya no se trata de un convenio entre esas instituciones sino de un acuerdo entre dos países.

–Más allá de que la Asamblea de Gualeguaychú decidió levantar el corte en la ruta 136, el conflicto continuaría, al menos, en estado de latencia, hasta tanto no se realice un monitoreo en la pastera, uno de los puntos que reclaman los asambleístas.

–El trabajo al interior de UPM-Botnia es necesario alrededor de las emanaciones gaseosas; hay que hacer un monitoreo continuo de los gases que la chimenea despide. Si se quiere cuantificar la contaminación en el aire no tiene mucho sentido contar solamente con un medidor ubicado en la playa de Ñandubayzal porque arroja apenas un dato. Se necesita buena información sobre las emisiones de la chimenea. En cuanto a las emanaciones líquidas, el monitoreo dentro de la planta no es imprescindible.

–Cristina Fernández y José Mujica acordaron dos planes para monitorear la pastera: uno para los 500 kilómetros de río compartido y otro para UPM-Botnia. ¿Tiene el INTI la capacidad tecnológica y recursos humanos para trabajar en este último relevamiento?

–Sí. Y no sólo es patrimonio del INTI. Hay otros organismos y universidades que pueden hacerlo. Argentina tiene la capacidad para trabajar en monitoreos a lo largo de todo el río.

–¿El INTI está en condiciones de detectar en el agua dioxinas y furanos, tóxicos que suelen atribuirse a la industria del papel?

–En este sentido, estamos enviando muestras a uno de los mejores laboratorios del mundo, que está en Canadá. Por su costo, no se justifica tener equipos exclusivos para realizar esos análisis. Las mediciones de dioxina y furanos son en concentraciones tan bajas que los márgenes de incertidumbre o de error suelen ser importantes. En realidad, se están buscando límites de detección muy difíciles de medir.

–¿Por qué no se habla de controversia cuando se refiere al conflicto que se desató con el desembarco de la pastera en el río Uruguay?

–No me parece que estemos ante una controversia científica, sino ante la necesidad de ser rigurosos en el cumplimiento de un rol público, que es controlar los efectos de cualquier actividad humana. Así como hay un rol de velar por la seguridad pública o de garantizar la educación, también debería existir una obligación de controlar los efectos que genera la actividad del hombre. Y en este caso, no existe tal controversia.

–La pregunta iba en el sentido de la controversia científica generada por la incertidumbre de saber, a ciencia cierta, si UPM-Botnia contamina o no.

–Lo que hay es una necesidad de medir y respetar esas mediciones, aunque lisa y llanamente no hemos medido nada. Más que controversia científica, lo que hay es una falta de credibilidad en las instituciones. El INTI puede tomar una medida de cualquier parámetro, difundirla, y habrá alguien que seguramente pueda desestimarla. La cuestión aparece cuando se habla de monitoreo, en la transferencia de credibilidad a las instituciones. Lo que tenemos es una falta de credibilidad institucional, que no pesa solamente sobre el INTI sino sobre los gobiernos. Si esa credibilidad no se recupera, el conflicto no se resolverá nunca.