Por H. C. y R. K.

Al crimen del country club le faltan pruebas y le sobran agujeros negros. Uno es el que tiene que ver con la autoría. El otro habla de las incógnitas sobre la actuación de la investigación. Una fuente empapada en el caso justificó algunos de esos vacíos: “El 14 de noviembre, el fiscal (Diego Molina Pico) pidió la exhumación del cuerpo y la autopsia. A esa altura, estaba convencido ya de que el accidente en la bañera era una máscara. Pero diez horas más tarde, Carlos Carrascosa se presentó como particular damnificado pidiendo las mismas medidas.” Según la misma fuente, las actuaciones recién se iniciaron el 11 de noviembre. Un día después, Molina Pico tomó declaración a los médicos de las dos ambulancias que asistieron al country. Y el 12, a siete familiares directos de María Marta. Pero desde el 28 de octubre, cuando el fiscal se presentó en la casa de los Carrascosa acompañado por el titular de la DDI de San Isidro, Aníbal Degastaldi, hasta el 11 de noviembre, se extiende un amplio y oscuro agujero negro que por el momento no tiene nadie que lo coloree.
Siguiendo el hilo del caso, el 12 de diciembre se desató públicamente la noticia de que a María Marta García Belsunce la habían dado por muerta accidentalmente un mes y medio antes, el 27 de octubre. La sorpresa fue mayúscula: tenía cinco proyectiles en el cráneo. Saber cómo se desarrollaron los hechos desde el día en que ocurrió el homicidio no va a decidir la autoría, pero puede aclarar el cúmulo de versiones y sospechas desatadas en torno de un caso plagado de misterios.
El 28 de octubre, una llamada del fiscal de Casación y amigo de los García Belsunce, Juan Romero Victorica, alertó a Aníbal Degastaldi sobre la muerte en la bañera y algunas “condiciones que no están claras”. Ese mismo día, Degastaldi se presentó en el despacho de Diego Molina Pico para informarle sobre el hecho y las dudas de Romero Victorica. Molina Pico decidió presentarse en el country, alrededor del mediodía, acompañado por Degastaldi. “No llegaron a entrar –reveló la fuente–. En la puerta de la casa, Victorica envolvió a Molina Pico en un abrazo, como grandes amigos, y lo llevó aparte.” Lo que le dijo sólo podía traer incertidumbre, porque era en sentido contrario a las dudas planteadas horas antes. “Me fui de boca, no creo que haya pasado nada raro”, le sopló al oído a Molina Pico (ver aparte).
Carlos Carrascosa, marido de María Marta, que estaba también en la puerta, después dio su versión coincidente: “Mire doctor, mi mujer se resbaló en la bañera, se golpeó la cabeza contra la canilla, se desvaneció y murió ahogada”, relató según la misma fuente. Nada dijo sobre el infarto agudo. Molina Pico y Degastaldi subieron al primer piso, donde la velaban, “pero había tanta gente que resolvió no empezar con las averiguaciones en ese momento. Le ordenó a Degastaldi que se tomara declaración a empleados y vecinos, pero que por el momento dejara tranquila a la familia”.
Pero, inexplicablemente, el caso se durmió once días. Recién el 8 de noviembre Molina Pico decidió enviar un oficio a la Bonaerense para que elevara todo lo actuado y él mismo citó a los médicos a declarar el lunes 11. Ese día, las contradicciones de Juan Ramón Gauvry Gordon (de Paramedic) y las revelaciones de Santiago Biasi (de Emernort), convencieron al fiscal. El 12 pasaron a declarar como testigos siete familiares de María Marta. Entre ellos, Horacio García Belsunce (h). El hermano de María Marta “entró en el despacho del fiscal –confió el investigador– muy molesto, con muy mal tono le dijo ‘Vos, que te estás metiendo en esto, acá tenés’, y le tiró sobre el escritorio el certificado de defunción con la intención de demostrarle que todo estaba bien”.
Se trataba del certificado trucho firmado por el médico Juan Carlos March y la Casa Sierra, por el que se abrió una causa aparte en los tribunales porteños. Pero cuando Molina Pico miró el certificado ya no tuvo dudas: la dirección estaba adulterada y el motivo de muerte nocoincidía con la declaración de Biasi ni con la teoría de Carrascosa: muerte “no traumática”, señalaba.
El 14 de noviembre, el fiscal pidió la exhumación del cuerpo y la autopsia. El pedido recayó en el juzgado de Juan Makintach. Pero Makintach se excusó, fundamentando que era amigo de la familia. Se volvió a sorteo y el caso recayó en el juez de San Isidro Diego Barroetaveña, quien envió el exhorto. Recién el 2 de diciembre se realizó la autopsia, en la que los forenses determinaron que la mujer tenía en su cráneo 5 pitutos calibre 32.