EL PAíS • SUBNOTA › LOS ARGUMENTOS DE MACRI QUE CHOCAN CON LA PRUEBA EN LA CAUSA JUDICIAL
El jefe de Gobierno insistió en varios de sus tópicos favoritos desde que apareció involucrado en la causa. Sin embargo, son varias las instancias judiciales que ya dieron por probadas cuestiones que aún niega.
› Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
En su exposición, Mauricio Macri volvió a utilizar cuatro argumentos que chocan con lo que hay en el expediente judicial y con la investigación que ya lleva casi un año. Son parte de un discurso armado y estudiado que a su vez elude dar explicaciones a los principales interrogantes.
Esa idea se esbozó ya al principio del caso de las escuchas como una especie de slogan. Por entonces, sólo el juez Norberto Oyarbide se había expedido. A esta altura, el slogan parece desgastado. La Cámara Federal, con el voto de sus tres jueces –Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero–, ratificó el procesamiento de Macri. Ya no era un juez adicto, sino cuatro.
Pero también la Cámara de Casación convalidó el procesamiento y la prisión preventiva de Jorge “Fino” Palacios, el policía que Macri sigue defendiendo. En el único fallo en el que se refirió a la asociación ilícita, manifestó dudas sobre esa imputación, pero mantuvo todas las demás, incluyendo las que tienen que ver con violación de la intimidad, violación de secretos y falsedad ideológica.
Al mismo tiempo, en Misiones, un jury destituyó a los jueces de esa provincia que tuvieron que ver con las escuchas. Esos magistrados terminaron procesados en la causa que instruye Oyarbide.
Por último, la realidad es que la causa de las escuchas no involucró a Macri al principio. Hubo dos elementos que cambiaron las cosas:
En un allanamiento a la casa de Ciro James se encontró un contrato de servicios con el Ministerio de Educación porteño. El conchabo resultó inexplicable.
Tiempo después de iniciado el expediente, entre las personas escuchadas apareció el cuñado de Macri, Daniel Leonardo. El parapsicólogo era parte de una pelea familiar del clan Macri y el dúo Palacios-James lo espiaba.
El argumento de que la causa del espionaje ilegal es un expediente trucho, armado por Kirchner, perdió consistencia. Demasiados jueces e instituciones constataron los mismos hechos.
Fino Palacios tuvo que renunciar a la Metropolitana porque fue procesado por su actuación en el caso AMIA. Quien lo procesó no fue Oyarbide sino otro juez federal, Ariel Lijo. Sin embargo, más allá del procesamiento, Palacios traía en el currículum una grave acusación del Tribunal Oral del Caso AMIA, que lo involucró en el armado de una pista falsa. Y a eso se agregó su llamada con Jorge Sagorsky, un reducidor de autos robados, que fue condenado en el caso del asesinato de Axel Blumberg. Esta llamada fue el motivo de su desplazamiento de la Policía Federal. Pero en 2007, Palacios inició una demanda para ser reincorporado. La jueza Claudia Rodríguez Díaz ordenó una pericia psiquiátrica. El resultado indicó que Palacios “presenta daño moral que le ha generado secuelas psíquicas incapacitantes que determinan un daño psíquico total, que está en plena evolución y tiene carácter permanente”. Con semejante pericia en el expediente, la jueza rechazó la reincorporación de Palacios.
Pese a todos estos antecedentes, Macri le dio a Palacios el máximo cargo que tenía a mano: el armado y la jefatura de la Metropolitana.
Pero lo más significativo es lo que ocurrió con Macri y Palacios en la causa de las escuchas. Todo el gabinete macrista y el propio Macri admiten –sotto voce– que las sospechas sobre la escucha a Sergio Burstein recaen sobre Palacios. Es obvio que el principal interesado en escuchar a Burstein era Palacios: quería saber qué hablaba el familiar de las víctimas de la AMIA con el fiscal del caso, Alberto Nisman, justo en vísperas de la decisión sobre su procesamiento. Pero aunque todo el macrismo tiene la convicción de que Palacios estuvo detrás de las escuchas a Burstein, el jefe de Gobierno porteño sigue defendiéndolo.
Ni Macri ni ninguno de sus funcionarios pudo explicar nunca cómo y por qué fue contratado James, un espía, en el Ministerio de Educación. Las pruebas indican que no hizo allí ningún trabajo. Ayer, Macri le volvió a echar la culpa al ex ministro Mariano Narodowski. Sin embargo, él mismo dijo en el expediente que quien se ocupaba de las contrataciones era el viceministro Andrés Ibarra, mientras que Narodowski estaba a cargo de las cuestiones pedagógicas. Oyarbide va a indagar a Ibarra este jueves porque se lo ordenó la Cámara, que lo señaló como la conexión probable por la que James fue designado en Educación. Ibarra fue gerente de Boca cuando Macri era presidente, y Palacios, como jefe de seguridad del club, reportaba a él. Ayer Mauricio dijo que Ibarra es “un funcionario excelente”.
Ayer Macri repitió en varias ocasiones que “no hubo delito”. En realidad, la tarea de la Legislatura no es verificar si hubo delito, sino si Macri tuvo responsabilidad política en la participación de una trama de escuchas ilegales. También en otro tipo de seguimientos, como los pedidos de informes financieros sobre sus opositores políticos que se hicieron desde las oficinas privadas de Palacios y su segundo, Osvaldo Chamorro, mientras comandaban la Policía Metropolitana. Por supuesto que si hubo delito su situación se agrava. Y seguramente por eso cuando le preguntaron por la consultora Strategic Security, de Palacios, donde también trabajaba Chamorro, dijo que no la conocía, que el sistema Nosis es legal y que a Chamorro lo echó por una cuestión “ética”.
El cuadro demuestra que Palacios, Chamorro y Ciro James se ocupaban de escuchar teléfonos en forma ilegal y juntar datos sobre opositores y adversarios. Lo que la Cámara llamó “una estructura de Inteligencia subterránea” o “aparato clandestino de Inteligencia” del gobierno porteño.
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