El argumento de defensa de los grupos editoriales hoy accionistas mayoritarios de Papel Prensa, frente a las graves acusaciones que se les formulan con respecto a la adquisición del paquete accionario de la misma, es que Lidia Papaleo, viuda de Graiver, habría vendido por propia voluntad dichas tenencias en noviembre de 1976. El bloque principal de la oposición, representado por Oscar Aguad (radical), Felipe Solá (Peronismo Federal) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), tomó como propios dichos argumentos y puso en duda el relato tanto de Papaleo de Graiver como de la presidenta Cristina Fernández, restándole verosimilitud por lo tardío de la denuncia. Sin embargo, vale recordar que el saqueo de bienes empresarios; la extorsión, chantajes, secuestros o desapariciones, y la utilización de empresas fantasma para disimular estas operaciones, han sido una práctica habitual de la dictadura militar, que poco a poco fue saliendo a la luz, particularmente en los últimos años por el descongelamiento de causas y el punto final a la impunidad. Repasamos aquí algunos hechos investigados y ya publicados, que dan una muestra de esta práctica extendida.

Los hermanos Iaccarino

Rodolfo, Alejandro y Carlos Ia-ccarino estuvieron detenidos-de-saparecidos durante 22 meses entre 1976 y 1978. Los tres hermanos eran empresarios platenses y la dictadura los despojó de bienes valuados en nueve millones y medio de dólares mediante una compleja trama donde intervinieron militares, servicios de inteligencia, testaferros y escribanos. Bajo la amenaza de que sus tres hijos serían arrojados al Río de la Plata, Rodolfo Genaro Valentín Iaccarino firmó la cesión de 25 mil hectáreas de producción agropecuaria en Santiago del Estero y un avión ejecutivo. A Alejandro, el segundo de los Iaccarino, lo secuestraron el 4 de noviembre de 1976 y pasó por catorce centros clandestinos de detención, donde sufrió todo tipo de vejámenes.

Toda la familia fue secuestrada por la dictadura: el padre y sus hijos Rodolfo y Carlos en Santiago del Estero; Alejandro y la madre, Dora Emma Venturino de Iaccarino, en La Plata. “Nosotros estuvimos los primeros dieciséis meses con detenidos comunes. No sabíamos cómo venía la mano. No estábamos en el mundo político, estábamos en el mundo de los negocios. Hasta que vino un italiano de apellido Chezzi, un testaferro de los militares, que nos dijo: ‘Si quieren salir, lo que deben hacer es entregar el campo de Santiago del Estero y el avión’.” Una escritura firmada el 24 de agosto de 1979 confirma su aseveración. La protocolizó el escribano Adolfo Barceló en Alta Gracia.

(Publicado en Página/12, 8 de junio de 2009, por Gustavo Veiga.)

El terror mercantilizado

En relación a los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura, el fiscal Federico Delgado analizó la utilización de una decena de empresas de seguridad manejadas por represores para el robo de bienes de desaparecidos, el lavado del dinero que les robaban y el secuestro extorsivo de empresarios. También detectó la posible apropiación de un inmueble que pertenecía a un grupo de militantes uruguayos secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti y la compra, con plata de los detenidos, de otros dos edificios. Ejemplos de lo que Delgado llamó, en un dictamen preliminar, “la mercantilización del terror” o “la dimensión económica” del plan represivo. Como ejemplos, cita el secuestro en 1981 del banquero Carlos Koldobsky, que era dueño del Banco de San Miguel y administrador de Cambio América SA, con un pedido de rescate millonario a depositar en una cuenta en Suiza. También señala el secuestro de Fernando Combal, que era dueño de la financiera Finsur.

Delgado advierte que, con este escenario de fondo, se creó la Conarepa, una especie de entidad de facto destinada a hacer investigaciones patrimoniales de los funcionarios del segundo gobierno peronista. Funcionaba por fuera del Poder Judicial, pero con facultades similares (como allanar), y basaba su accionar en la ley de subversión económica.

Estaba a cargo de representantes de las tres Fuerzas Armadas. Fue disuelta antes de entregar el mando en 1983, después de haber confiscado bienes de todo tipo.

(Publicado en Página/12, 3 de abril de 2007, por Irina Hauser.)

Las chacras de Massera

El hijo del ex almirante Emilio Eduardo Massera, Enrique Eduardo, fue procesado y detenido por su participación en el secuestro, desa-poderamiento y muerte de empresarios. “La tragedia que se investiga en los tribunales de Comodoro Py comenzó en enero de 1977 con los secuestros concatenados del abogado Conrado Gómez, el contador Horacio Palma, Victorio Cerruti y su yerno Omar Masera Pincolini. Todos eran propietarios de los restos de una pequeña bodega y de la sociedad Cerro Largo, dueña de los terrenos de Chacras de Coria. Los cuatro hombres fueron conducidos a la ESMA. Allí, bajo tortura y coacción moral, se sometieron a las exigencias navales y fueron entregando sus bienes. Los marinos, con falsa documentación, se constituyeron entonces en los nuevos socios, accionistas y directores de las sucesivas sociedades constituidas al efecto.”

(Publicado en Página/12, 10 de agosto de 2005.)