El proyecto de ley que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner enviará al Congreso, incorporando un marco regulatorio para Papel Prensa, tiene un antecedente reciente en una resolución de la Secretaría de Comercio Interior. Esa norma fijó que el precio de venta del insumo debe ser igualitario para todos los clientes, pero quedó envuelto en una serie de idas y vueltas en Tribunales.

La intención del Ejecutivo de regular el precio y las condiciones que impone la empresa a sus clientes comenzó el 6 de enero de este año. “Papel Prensa podría haber actuado para cercenar la libertad de prensa, dado que la política de precios, asignación de papel y crédito y cobro habrían favorecido a algún medio en detrimento de otro”, explicó aquella vez el ministro de Economía, Amado Boudou. Con ese argumento, se instó a la compañía a que el precio que fije al contado para el comprador más grande sea igual para todos los demás clientes, con las mismas condiciones de cobro y financiamiento. “Es una medida para democratizar el acceso al insumo y el derecho a informar y ser informados”, había indicado Boudou.

Sin embargo, el 25 de enero el juez federal en lo contencioso administrativo Ernesto Marinelli –quien ahora tiene que fallar en una de las demandas en contra de la caducidad de la licencia de Fibertel– frenó la resolución de Comercio Interior mediante una medida cautelar, señalando la “inconstitucionalidad de la norma”. “La Ley de Abastecimiento –a la que apeló el Gobierno para justificar la medida– no faculta al Poder Ejecutivo a establecer un precio uniforme”, señaló Marinelli en su resolución. Además, sostuvo que “no hay pruebas de de-sabastecimiento ni abuso de posición dominante”.

Luego, el 11 de mayo último, la jueza Claudia Rodríguez Vidal, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 3, levantó la cautelar que favorecía a Papel Prensa. Lo hizo porque el directorio de la empresa, que había solicitado el recurso que Marinelli concedió, había quedado inhibido luego de otra presentación del Gobierno, que buscó cancelar todo lo actuado por ese órgano desde el 4 de noviembre pasado. El fallo fue luego confirmado por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Sin embargo, esta semana un fallo de la Cámara Comercial dispuso la nulidad de la presentación oficial que denunciaba las irregularidades en el directorio, cuestionando de forma lateral la validez del fallo de Rodríguez Vidal, que justamente se apoyaba en la inhibición de la cúpula de Papel Prensa. Por lo tanto, aquella resolución de la Secretaría de Comercio vuelve a quedar en una nebulosa.