Un duro documento de los accionistas privados de Papel Prensa (Grupo Clarín y Diario La Nación) denunciaba, antes de conocerse el informe oficial, que “el ex presidente Néstor Kirchner está desarrollando un plan para controlar y dominar los medios que no le son afines (...). Como parte de ese plan, el Gobierno ha iniciado una campaña para controlar Papel Prensa, con la finalidad de dominar la empresa y controlar el suministro de papel para diarios”.

Este objetivo, señalan, buscó instalar desde el Gobierno, una “nueva línea argumental de ataque vinculando la compra de las acciones de Papel Prensa a un delito de lesa humanidad. El falso argumento es que las acciones se compraron a la familia Graiver cuando sus integrantes estaban secuestrados y siendo torturados (...). Néstor y Cristina Kirchner desarrollan un plan basado en acusaciones de violaciones a los derechos humanos a sabiendas de la falsedad de las mismas”.

Este es el detalle de los contratos de compra de las acciones de Papel Prensa, en la versión que entregan Clarín y La Nación:

“Los contratos de compra de las acciones de Papel Prensa se firmaron el 2 de noviembre de 1976. Eran dos contratos, con Galerías Da Vinci SA y con Rafael Ianover, por los cuales se adquirieron la totalidad de las acciones clase A (...). Los contratos tenían una cláusula de condición resolutoria: en caso de que una Asamblea no aprobara las transferencias de acciones con el voto positivo de más del 75 por ciento de las acciones. La Asamblea las aprobó el 18 de enero de 1977, con el voto de varios accionistas, incluido el representante de la sucesión Graiver, el Dr. Anchorena. La familia Graiver y Anchorena no habían sido detenidos aún.

“Lidia Papaleo declaró, ya en democracia, en la causa 44, la cual investigó los actos de terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires. La causa se tramitó en la misma Cámara Federal que llevó a cabo el juicio a las Juntas Militares (...). Dijo la Cámara respecto de las causas de la detención de los integrantes del Grupo Graiver entre los meses de marzo y abril de 1977: “Los integrantes del grupo declararon que el tormento tenía por objeto preponderante, que surgía del interrogatorio, los tratos del financista desaparecido (David Graiver) con la mencionada organización subversiva”, en referencia a Montoneros. Esto desmiente que los interrogatorios apuntaran a Papel Prensa.

“Hubo un tercer contrato, también del 2 de noviembre de 1976, por las acciones propiedad de la sucesión, por el cual se compran acciones clase C y E. Fue un contrato ad referendum de la aprobación del Juzgado interviniente en la sucesión (...). Este es el único contrato que firmó Lidia Papaleo y, paradójicamente, se refiere a acciones que finalmente no fueron adquiridas por los diarios y hoy son propiedad del Estado Nacional vía Télam”.