- Mabel Bianco, directora del FEIM y ex titular del Programa Nacional contra el Sida.

“La implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable es un hecho muy positivo. Era una deuda pendiente con la sociedad. Será muy importante que se difunda y que la gente lo conozca para exigir su cumplimiento. No sólo se ocupa de la planificación familiar sino que además apunta a la salud sexual y en consecuencia a prevenir las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/sida. Por esa razón es fundamental que se compren y se entreguen preservativos. Pero también que las mujeres puedan acceder a los dispositivos de barrera como el DIU, de larga duración, para evitar que –si faltan fondos en las provincias para comprar insumos– tengan que interrumpir el uso de anticonceptivos, queden sin protección y sufran las consecuencias de un embarazo no deseado. La forma en que se redactó el programa fue muy adecuada: las discusiones entre los distintos sectores convocados por el Ministerio de Salud permitieron aclarar algunos puntos y muchos de los aspectos señalados fueron incorporados. No obstante, quedan pendientes de resolución dos puntos objetables de la ley: que no es obligatorio para los colegios privados dar educación sexual y que tampoco es obligatorio para los centros de salud confesionales aplicar el programa.”

- Diana Maffía, defensora del Pueblo Adjunta de la Ciudad.

“El Ministerio de Salud está cumpliendo con la ley. Y en este sentido es destacable la voluntad política de poner en marcha el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, en un país tan marcado por el incumplimiento de las leyes por la anomia. Como se trata de una norma nacional, que implica la obligación de aplicarse en todo el país, cubrirá la ausencia de leyes locales y las falencias que tienen normas en algunas provincias, con lo cual significará una situación de mayor equidad. No es lo mismo que no se distribuyan anticonceptivos en las provincias más ricas que en las más pobres como Formosa, donde la población que no accede por sus medios a planificar una familia es considerablemente mayor que en la Ciudad de Buenos Aires. Los médicos deberán informar sobre todos los métodos anticonceptivos. Podrán hacer objeción de conciencia sólo para colocar un método (por ejemplo, el DIU), pero no para informar sobre alguno. Es lamentable la posición de la Conferencia Episcopal Argentina que sigue poniendo objeciones; las mismas que puso durante la sanción de la ley, ahora pretende imponerlas en su implementación. No hay que olvidar que todas las personas tenemos una enorme responsabilidad para que la ley se cumpla y para que ese cumplimiento se mantenga en el tiempo: los funcionarios encargados del control, controlando que se lleve adelante el programa; los medios de comunicación, poniendo en conocimiento de las mujeres sus derechos sexuales y reproductivos; y los médicos, informando correctamente.”

- Mariana Romero, investigadora del Cedes.

“No debemos olvidar que el programa cumple con la ley, y la ley con la Constitución Nacional, que en su texto establece la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos. Antes se estaba violando el texto de la Carta Magna. Lo importante es que ahora no se discriminará a las mujeres pobres por su lugar de residencia a la hora de acceder a la anticoncepción. Hasta ahora, sólo aquellas que viven en provincias donde hay programas de salud reproductiva y se cumplen efectivamente pueden acceder a prevenir embarazos no deseados y planificar su familia. El programa nacional da un marco legal a los médicos. Pero, como cualquier programa, no es obligatorio para las personas sino para los servicios. Es decir, no implica que la gente esté obligada a ir a un servicio de procreación responsable a elegir métodos anticonceptivos. Quien no quiera hacerlo, no está obligado. Por esa razón resultan fuera de lugar las críticas del Episcopado que pretenden limitar el alcance del programa.”

- Antonio Lorusso, profesor titular de Ginecología de la UBA.

“Es importante no sólo porque promueve la anticoncepción sino porque está destinado a disminuir la morbimortalidad materno-infantil, a prevenir los embarazos entre adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual como el HIV/sida, entre otros objetivos. El Estado, así, está garantizando el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres como establece la Constitución Nacional, y según los cuales cada persona tiene derecho a elegir el número de hijos que desea tener, el intervalo de los nacimientos, y a acceder a los elementos para ejercer esos derechos. Hasta ahora no se contaba con legislación adecuada. Este, sin dudas, es un gran avance. Es una realidad que las mujeres de hogares pobres tienen menos prevalencia de uso de anticonceptivos por dificultades para acceder a la compra de métodos y por desinformación, que las mujeres de sectores medios y medios altos. Ahora, el Estado debe suministrar los anticonceptivos y los médicos, prescribirlos.”