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La píldora del día después
› Por Mariana Carbajal
El Gobierno promoverá el uso de la anticoncepción de emergencia para casos especiales, el mismo método que poco menos de un año atrás intentó prohibir la Corte Suprema de Justicia con su fallida y polémica sentencia, firmada por los cinco ministros de la denominada “mayoría automática” menemista. La llamada píldora del día después (cuya venta fue autorizada en el país por la Anmat hace más de cuatro años), está incluida en la Guía para el uso de métodos anticonceptivos que acaba de editar el Ministerio de Salud para distribuir entre ginecólogos de todo el país, donde se recomienda su prescripción sólo para “situaciones de emergencia” como “cuando una mujer ha tenido un coito contra su voluntad o ha sido violada”, “el condón se ha roto”, “el DIU se ha salido de lugar”, o “la mujer se ha quedado sin anticonceptivos orales, ha olvidado tomar dos o más anticonceptivos orales sólo de progestágeno, o se ha retrasado más de algunas semanas en recibir su inyección anticonceptiva mensual y además ha tenido un coito sin usar ningún otro método de planificación familiar”.
La Corte Suprema de Justicia pretendió prohibir su venta al considerar –como insiste la Iglesia Católica– que es “abortiva”, cuando, en realidad, no hay ninguna evidencia científica en ese sentido y, en cambio, está probado que el levonorgestrel, principal compuesto de la pastilla, lo único que puede hacer una vez que se produjo la unión entre el óvulo y el espermatozoide es ayudar a que se implante el embrión porque es una progestina, una hormona que facilita la gestación. Su acción para evitar un embarazo consiste en interferir con dos procesos que son previos a la fecundación: el ovulatorio y la migración de los espermatozoides.
Finalmente, aunque existió el fallo del máximo tribunal, fechado en marzo de 2002, la prohibición no tuvo ningún efecto porque la sentencia se refería al fármaco por un nombre de fantasía antiguo, que no existía más en el mercado. La cruzada contra la anticoncepción de emergencia fue impulsada por una ONG cordobesa vinculada al clero, que accedió a la Corte Suprema con un recurso extraordinario.
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