EL PAíS
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La embestida de la Iglesia
› Por Mariana Carbajal
A través de una carta al ministro Ginés González García, la Conferencia Episcopal Argentina expresó su profundo malestar por la redacción y la inminente implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La carta fue leída por un enviado de la jerarquía católica, el 26 de diciembre, en la segunda reunión convocada por la secretaria de Programas Sanitarios, Graciela Rosso, para consensuar con diversos sectores la reglamentación de la ley a través del programa. La carta, firmada por el secretario general de la CEA, Guillermo Rodríguez-Melgarejo, considera que la reglamentación “avanza peligrosamente en acentuar los aspectos negativos de la ley”. Concretamente, pretende que para que los adolescentes reciban asesoramiento en salud reproductiva sea necesario el consentimiento de sus padres; se opone a que se entreguen DIU, y se contemple como métodos la anticoncepción de emergencia, la vasectomía y la ligadura de trompas para casos especiales; y exige que “se afirme de modo explícito el derecho constitucional a la objeción de conciencia” para los médicos que no están de acuerdo.
“No estamos debatiendo la ley. El Episcopado se confunde. Ese debate es el que perdió en el Congreso. Nosotros la estamos reglamentando. No vamos a permitir que se vuelva a discutir la ley y tampoco nos vamos a exceder de lo que marca la ley”, respondió Rosso a Página/12 al ser consultada sobre la posición expresada por Rodríguez Melgarejo.
El insistente lobby de la Iglesia consiguió trabar la sanción de la ley nacional durante la década menemista y logró despojar de sentido normas provinciales al conseguir el veto parcial del Ejecutivo de diversos artículos como ocurrió en Córdoba, donde la norma vigente es una ley retórica sin verdadero alcance sobre la población. Por su presión, de todas formas, quedaron exceptuados de aplicar el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable centros de salud confesionales, al tiempo que los colegios privados (incluidos los laicos) no están obligados a brindar educación sexual a sus alumnos.
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