Cuando se trataron las retenciones móviles muchos legisladores cambiaron su voto y de camiseta, varios a un año de haber sido elegidos. Dirigentes corporativos hablaron con ellos, cortaron rutas, los presionaron en sus domicilios. El vicepresidente Julio Cobos traicionó el mandato de las urnas. Todo fue considerado un excelso ejercicio democrático.

Cuando se discutió la Ley de servicios de comunicación audiovisual (LdSCA) un relevante directivo de Clarín, Jorge Rendo, fatigó despachos de senadores y diputados. El cardenal Jorge Bergoglio se comunicó por teléfono o dialogó de cuerpo presente con representantes del pueblo y de las provincias.

La ahora denunciante diputada Cynthia Hotton conversó con muchos colegas. Ambos repitieron esa práctica cuando se trató la ley de matrimonio igualitario. Sacerdotes varios amenazaron con castigos eternos a quienes aprobaran esa herejía.

Cuando se legisló sobre los tickets canasta, empresarios de postín quisieron sobornar al abogado Mariano Recalde, por entonces asesor de su padre, el diputado Héctor Recalde. Fueron filmados con cámara oculta, llevados a tribunales. La Cámara de Casación concedió una probation a los empresarios coimeros, en un súbito ataque de garantismo, cuestionado por dos excelentes juezas de Cámara.

Que, en ese contexto cercano, se cuestionen llamadas telefónicas o acciones de funcionarios o diputados oficialistas para conseguir apoyos es algo peor que un doble standard. Es mala fe, amén de un desconocimiento del funcionamiento real del sistema democrático que incluye transacciones, acuerdos, incluso beneficios a provincias o intendencias en la ley de leyes. Todos los que gobernaron saben que los presupuestos se tejen así. Los acuerdos son discutibles, más vale, pero no son corrupción.

Las denuncias de ofrecimiento de dádivas deben ser investigadas, más vale. Pero tenerlas por probadas con una constancia de llamada telefónica es una prueba de la carencia discursiva de la oposición, o de los medios que la conducen.

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Tres dictámenes de Presupuesto, dos del archipiélago opositor, son una aciaga novedad, sin precedentes. Los radicales, los peronistas con Menem y Duhalde contaron con anuencia opositora, en presupuestos mucho más dibujados que el actual, que en general se aprobaban una vez ejecutados.

El enchastro seguramente volverá al recinto y el desenlace más factible, por un camino u otro, será la “reconducción” del presupuesto 2010. Un mal

desenlace institucional, con culpas compartidas donde preponderan las de la oposición, en gran parte motivadas por las luchas internas que se sobrevuelan en la nota principal.

El Ejecutivo, cuya capacidad de superar las trabas opositoras es proverbial, seguramente no tendrá mayores bretes para gestionar, por suerte. El saldo, con todo, sería penoso.