La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se reunió ayer por la tarde junto a un grupo de legisladores porteños para intentar mediar en el conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano, que ya causó cuatro muertes. Pidieron una reunión urgente al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para solicitarle que el gobierno nacional “garantice pacíficamente la vida y la integridad física” de todas las personas involucradas en el conflicto. También pidieron una audiencia al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien le reclamarán que “busque el consenso entre las partes para solucionar el conflicto” y “tratar el problema habitacional en la ciudad”. Los legisladores firmaron un documento que hicieron llegar al (desdoblado) Ministerio de Seguridad y Justicia y a una de las juezas de la causa, Elena Liberatori.

La reunión extraordinaria, convocada de urgencia desde la comisión legislativa de la Cámara baja, logró reunir a diputados de distintos bloques y a legisladores porteños, donde los principales ausentes fueron los representantes kirchneristas y del macrismo.

“Creo que esto es absolutamente vergonzoso para toda la dirigencia política. Por un lado lo de (Mauricio) Macri, sus declaraciones xenófobas y racistas y su incapacidad y falta absoluta de preocupación para resolver los problemas de la ciudad. Y por el otro el gobierno nacional, diciendo que no va a intervenir, que no va a hacer nada, lo cual es lisa y llanamente no hacerse cargo de la vida”, dijo Victoria Donda, la presidenta de la comisión y diputada de Proyecto Sur.

De la reunión participaban los legisladores nacionales Adrián Pérez, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes y Héctor “Toti” Flores (CC), María Luisa Storani (UCR), Jorge Cardelli, Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, Liliana Parada (P. Sur) Horacio Alcuaz (GEN) y Soledad Martínez, la única diputada del PRO presente, que no habló y rápidamente se retiró. Estaban los legisladores porteños Jorge Raffo y Facundo Di Filippo (P. Sur) y Marcelo Parrilli (MST); y dirigentes sociales y políticos como Nora Cortiña (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Luis Zamora (AyL), Vilma Ripoll (MST) y Marcelo Ramal (PO), entre otros.

La mayoría coincidió en repartir responsabilidades entre el gobierno porteño y el nacional, como quedó plasmado en el documento de tres puntos.

“Ante la inminencia posible de la reiteración de nuevo hechos de gravedad y a los fines de evitar más víctimas, exigirle al gobierno nacional que garantice pacíficamente la vida y la integridad física de todas las personas involucradas en el conflicto. Siendo el gobierno nacional el único en condiciones de brindar dicho derecho para todos los vecinos, ocupantes y no ocupantes”, del parque, dice el primero.

El segundo punto fue “exigirle al Gobierno de la Ciudad tratar la problemática habitacional de la ciudad como un problema social y buscar, por medio del consenso, la resolución del conflicto entre quienes quieren mantener el espacio verde y los que necesitan urgentemente una vivienda”.

El último fue la decisión de “autoconvocarse” como una comisión de seguimiento de la situación “en búsqueda de la paz, la resolución del conflicto y la investigación y justicia para con los crímenes cometidos”.

Diosnel Pérez, presidente de la junta vecinal de la villa 20, pidió a los diputados “su presencia en el lugar para evitar nuevos hechos represivos”. La dirigente de la CTA Lugano Dora Gerónimo denunció que había “policías y ex militares que agitan versiones entre los habitantes del barrio que ‘los ocupas’ del parque marchaban para ocuparles y sacarles los departamentos”. Por la noche varios de los legisladores habían llegado hasta el Ministerio de Justicia y Seguridad (cuyo desdoblamiento la Presidenta anunció ayer mismo unas horas antes). El ministro Julio Alak no recibió a los diputados, aunque pudieron hablar con otros funcionarios de la cartera, quienes les adelantaron a los legisladores la posibilidad concreta de enviar a Gendarmería para que controle la situación.